Navarro Quintero: El rostro autoritario de Nayarit

En Nayarit, el miedo es parte de la política del gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, aplicado a todos aquellos que no estén de acuerdo con su forma de llevar su administración, más si se manifiestan en su contra en las calles.

La Fiscalía General del Estado parece haber dejado su papel de garante de la justicia para convertirse en un brazo represor al servicio del poder, una maquinaria legal utilizada para silenciar, intimidar y castigar a quienes se atreven a disentir o criticar el mandato del “rey chiquito”, como le han nombrado en su entidad.

Durante los últimos meses, líderes sindicales, activistas sociales y ciudadanos inconformes han denunciado un acoso sistemático que incluye carpetas de investigación sin sustento, solicitudes de información personal a dependencias y la represión violenta de manifestaciones pacíficas.

Sindicalizados denuncian persecución

De acuerdo con Oscar Flavio Cedano Saucedo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM), la Fiscalía ha solicitado a los gobiernos municipales, organismos autónomos y dependencias del Ejecutivo información detallada sobre los empleados que participaron en protestas contra el gobierno.

El objetivo, afirman los afectados, es claro: identificar, aislar y castigar a quienes se atrevan a levantar la voz.

En el caso de los trabajadores de la propia Fiscalía, el abuso es doblemente grave a decir de Cedano Saucedo.

Elementos adscritos a la institución denunciaron que fueron puestos ‘a disposición’ del Ejecutivo estatal, pese a que la Fiscalía es un ente autónomo. Con ello, se viola no solo la independencia de la institución, sino también los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de manifestación, consagrados en los artículos 6, 7 y 9 de la Carta Magna”, señaló.

Los hechos recientes hablan por sí solos. Tras más de 65 días de plantón frente al Palacio de Gobierno, un grupo de trabajadores sindicalizados decidió extender su protesta de forma pacífica bloqueando brevemente algunos cruceros.

La Fiscalía anunció la apertura de carpetas de investigación contra más de 200 trabajadores y amenazó con judicializar las protestas. Dos días después, en la madrugada del sábado 18 de octubre, más de 150 elementos encapuchados y armados irrumpieron en el campamento de los manifestantes.

Golpes, jaloneos, el robo de celulares y la confiscación de vehículos marcaron el violento desalojo. Testigos narran cómo mujeres lloraban aterradas mientras los agentes arrasaban con todo lo que encontraban a su paso.

En un estado que alguna vez presumió estabilidad política, hoy campesinos, pescadores, ganaderos y trabajadores del gobierno viven bajo la sombra del miedo. La criminalización de la protesta y la manipulación de las instituciones judiciales reflejan una preocupante deriva autoritaria.

Para Oscar Flavio Cedano Saucedo, Navarro Quintero, quien llegó al poder con la promesa de gobernar con justicia social, parece haber optado por callar a la disidencia con el aparato del Estado. En lugar de escuchar al pueblo, lo persigue; en lugar de abrir el diálogo, abre carpetas de investigación.

El abuso de poder en Nayarit no puede normalizarse. La utilización de la Fiscalía como instrumento político es una afrenta directa a la democracia, al Estado de derecho y a los derechos humanos más básicos”, aseguró.

El líder sindical concluyó señalando que “si la justicia se convierte en arma, la ley deja de proteger y se vuelve amenaza. Y en Nayarit, hoy, el mensaje del gobierno es claro: quien se atreva a protestar, será castigado”.

JCS