Morena, PT y PVEM cierran filas en torno al plan B de la reforma electoral de Sheinbaum
Morena, PT y PVEM cerraron filas en torno al plan B de reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum, destacando austeridad, justicia social y eliminación de privilegios.

Los dirigentes y coordinadores parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) difundieron un mensaje conjunto en el que expresaron su apoyo al plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Señalaron que la propuesta representa un paso importante para fortalecer la democracia y eliminar privilegios en el uso de recursos públicos.
El líder del PT, Alberto Anaya, afirmó que su partido tiene el compromiso de respaldar a la presidenta y destacó que el plan B fue diseñado para no afectar los avances logrados con las reformas electorales previas, las mismas que permitieron las victorias presidenciales de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y de Claudia Sheinbaum en 2024.
El coordinador morenista en el Senado, Ignacio Mier, subrayó que el proyecto responde a principios de austeridad y justicia social: “No puede haber gobierno rico y pueblo pobre. La austeridad no atenta contra la democracia, atenta contra privilegios y excesos”.
Por su parte, el senador del PVEM, Manuel Velasco, sostuvo que la propuesta busca eliminar privilegios y reducir gastos en congresos estatales y cabildos, además de establecer topes salariales para legisladores locales.
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, calificó el acuerdo como un “acierto político” que demuestra que el diálogo puede dar resultados concretos en beneficio de la población.
Finalmente, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que el plan B recoge el deseo del pueblo de México de contar con una democracia más austera, justa y representativa.
Con el respaldo de los tres partidos aliados, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará esta semana la iniciativa al Congreso. De aprobarse, las modificaciones legales impactarán directamente en las elecciones de 2027, incluyendo la reducción de recursos a congresos locales y cabildos, así como la organización de la revocación de mandato prevista para ese año.
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