El tratado de extradición de México con Estados Unidos, como el de la mayoría de los países, no demanda, como se dijo, “pruebas concluyentes” para ejecutar las detenciones provisionales. La solicitud debe contener, dice la ley, una declaración de intención de presentar esa solicitud de extradición, lo que se hizo el martes a las seis de la tarde, y órdenes de aprehensión en contra de las personas solicitadas, mismas que ya están expedidas por la justicia estadundiense.
¿Qué debe contener esa solicitud?: momento y lugar de la comisión del delito; circunstancias en que el mismo se cometió e información apropiada para determinar la identidad de la persona solicitada. El gobierno de México debe hacer una detención provisional y se abre un periodo de sesenta días, con la persona en detención, durante el cual la parte solicitante, en este caso Estados Unidos, puede presentar pruebas. En ninguna parte, por cierto, se dice que no se puede difundir la solicitud de detención con fines de extradición. Todo eso y más cumplió la solicitud de detención con fines de extradición que presentó el gobierno de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha y otros funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa.
La historia que cuenta esa solicitud es la de un narcogobierno estatal, porque exhibe cómo, desde la gubernatura hasta las áreas de gobierno, de justicia y de seguridad, se construyó un andamiaje que, según la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos, no sólo protegió, sino que fue parte del cártel y trabajó para su beneficio personal, de grupo y criminal.
¿Qué dice la acusación en sus 34 páginas? Según la Fiscalía estadunidense, la colaboración operaba en varios niveles.
Ascenso al poder: el Cártel de Sinaloa, a través de Los Chapitos, habría facilitado la elección de Rocha Moya como gobernador en 2021 mediante campañas de intimidación y secuestro de rivales políticos. Eso está plenamente documentado desde esas elecciones con pruebas que fueron desoídas en su momento por las autoridades electorales y de la FGR.
Reuniones y acuerdos: antes y después de asumir el cargo, Rocha Moya habría asistido a reuniones con líderes de Los Chapitos, donde prometió protegerlos mientras distribuían drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo financiero y político.
Control institucional: como gobernador, Rocha Moya habría permitido que Los Chapitos consolidaran un control casi total sobre las autoridades del orden público estatales y locales de Sinaloa, incluyendo la Fiscalía General del Estado, la Policía de Investigación y las policías estatal y municipal.
Protección operativa: los funcionarios acusados habrían protegido a líderes del cártel de investigaciones, arrestos y enjuiciamientos; entregado información confidencial de seguridad y del Ejército, y ordenado a policías estatales y municipales proteger cargamentos de drogas.
Sobornos sistemáticos: la investigación detalla pagos mensuales específicos, como los 11 mil dólares que recibía el fiscal adjunto Dámaso Castro Saavedra por filtrar información sobre operativos, convirtiendo la estructura gubernamental en un sistema de alerta temprana para el cártel.
La acusación incluye pruebas documentales y testimoniales que vinculan a los funcionarios acusados con el Cártel de Sinaloa, aunque el gobierno mexicano sostiene que no son suficientes, según la legislación nacional. Por ejemplo, se incluyen fotografías de listas de sobornos recuperadas en México durante la investigación realizada por agentes estadunidenses. Estas listas, que distribuía el “jefe de plaza” de Culiacán de Los Chapitos, muestran sobornos que oscilaron entre 30 mil y 300 mil pesos mensuales por beneficiario y fueron incorporadas formalmente al expediente judicial.
En estas listas aparecen identificados varios funcionarios mediante sobrenombres: el vicefiscal Castro Saavedra figura como “Culiacán Regio” con pagos de aproximadamente 200 mil pesos mensuales, y el comandante José Antonio Dionisio Hipólito aparece por su alias Tornado con pagos de unos 100 mil pesos mensuales.
Contiene, además, información proporcionada por miembros del Cártel de Sinaloa que han cooperado con las autoridades estadunidenses. Entre los colaboradores clave, dice el documento, se encuentran Ovidio Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada García.
También la solicitud incluye evidencia de múltiples incautaciones de drogas vinculadas a Los Chapitos. Entre ellas, destacan la incautación de 189 mil pastillas de fentanilo en Phoenix en mayo de 2022, aproximadamente cinco mil kilogramos de metanfetamina en el sur de California en julio de 2022 y el decomiso de 41.2 kilogramos de fentanilo en polvo y 630 mil pastillas en Phoenix, el 19 de agosto de 2022.
La acusación detalla reuniones específicas entre funcionarios y líderes del cártel. Describe encuentros a principios de 2021 entre Rocha Moya e Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, donde prometieron garantizar su triunfo electoral, así como una segunda reunión después de las elecciones para acordar la entrega del control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. También documenta una reunión celebrada alrededor de 2018 en un rancho de Iván Archivaldo donde se estableció el acuerdo con el jefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés.
No son todas las evidencias ni mucho menos, es algo de lo que consta en el documento que el gobierno y la FGR considera que no contiene pruebas. Toda la investigación, antes de ser judicializada, pasó por el tamiz de un gran jurado en la Unión Americana. Forme usted su propia opinión.