La revelación de los detalles contenidos en las recientes acusaciones de la justicia estadunidense contra políticos sinaloenses no sólo describe la existencia de un cártel de la droga, sino también la mutación de un gobierno estatal en una extensión logística y operativa de una organización criminal.
A menos que los fiscales gringos tengan una imaginación digna de los guiones de Mario Puzo y una mala leche que podría llevar la marca Betty, aquí no estamos hablando de la vieja narrativa de la corrupción, en la que un funcionario recibía un sobre por debajo de la mesa para mirar hacia otro lado; lo que hoy enfrentamos es una simbiosis absoluta, donde las instituciones de seguridad, procuración de justicia y administración pública fueron entregadas, con inventario y personal incluido, al servicio de la delincuencia. El grado de penetración es tal que la frontera entre el servidor público y el sicario se ha vuelto inexistente.
El fenómeno comienza en la raíz misma de la democracia: las urnas. La descripción de una jornada electoral custodiada por fusiles de asalto, donde el padrón de opositores se convierte en una lista de objetivos para el secuestro y la intimidación, revela que el poder político en ciertas regiones no emana del voto libre, sino del permiso del crimen. Cuando un candidato recibe el respaldo de un ejército privado para limpiar el camino hacia la victoria, el gobernante resultante no es un representante popular, sino un gerente de plaza con oficina en el palacio de gobierno.
El pacto es claro y escalofriante: impunidad total a cambio de control territorial. Bajo este esquema, la estructura del Estado deja de servir a la ciudadanía para convertirse en la gerencia de recursos humanos y protección de un cártel. En este caso, el retrato hablado revela el rostro de Sinaloa, pero bien podría ser el de Tabasco y de muchas entidades más.
Una vez instalado el poder político, la metástasis se extiende a los órganos de control. El hecho de que altos mandos de la fiscalía estatal y jefes de la policía de investigación aparezcan con salarios fijos pagados por el narcotráfico –cifras que oscilan entre los 11 mil y 16 mil dólares mensuales– explica por qué las investigaciones nunca avanzan y por qué los operativos siempre llegan a casas vacías. Estos funcionarios no eran informantes casuales; eran centinelas dedicados a proteger la producción industrial de fentanilo y metanfetamina.
El punto más degradante de esta relación es el uso de la fuerza pública para actos de barbarie interna. La participación de comandantes municipales en el secuestro y entrega de informantes a los verdugos del cártel demuestra que el uniforme oficial se convirtió en el disfraz perfecto para la operación delictiva. El uso de patrullas y radios oficiales para capturar víctimas, incluyendo a menores de edad, y entregarlas para su tortura y asesinato, marca el fin de la legitimidad estatal. Aquí el gobierno no es cómplice; es el brazo ejecutor. El Estado, en su faceta de perseguidor del delito, pasó a ser un departamento de justicia privada que captura a los rivales del grupo hegemónico sólo para mejorar la imagen pública del gobernante en turno, simulando un orden que beneficia únicamente a sus socios.
Lo que describe el pliego de acusación de 34 páginas es –digámoslo sin rodeos– un sistema de gobernanza criminal. La entrega de radios de comunicación directa entre los líderes del cártel y los mandos policiales es la metáfora perfecta de esta realidad: una línea directa donde se dictan órdenes que se cumplen con recursos públicos.
México se enfrenta a la confirmación de que la soberanía en Sinaloa fue canjeada por una estabilidad ficticia, donde la exportación masiva de veneno hacia el norte se garantizaba mediante la administración del presupuesto estatal y el control de las fuerzas del orden. De ser preciso todo esto y en el entendido de que no es comparsa el gran jurado que revisó las pruebas, aquí no estamos ante un Estado fallido, sino ante un Estado cooptado que funciona con eficiencia quirúrgica para los intereses de una familia, mientras la sociedad queda atrapada en una red de simulación donde el protector y el depredador visten el mismo uniforme.