La doble vara de Morena volvió a quedar exhibida en el caso de Chihuahua. A la gobernadora Maru Campos se le quiere convertir en enemiga de la patria no por pactar con criminales, sino por haber golpeado una estructura del narcotráfico. Hoy, el gobierno federal está entre la espada y los cárteles. La connivencia obradorista cobra factura. Estados Unidos ha desnudado su naturaleza y va por la raíz.
Morena quiere pasarle la factura a los mexicanos. No, no es con la soberanía; es con el crimen organizado solapado y encumbrado en ese partido. Cuando AMLO ordenó al Ejército no molestar a los narcotraficantes, le mandó una señal a Estados Unidos: aquí, a ellos se les respeta.
En este momento hay que envolverse en la bandera y aventarse por un gobernador y un senador señalados por un jurado de ser probables facilitadores de los grupos que han desaparecido cientos de mujeres y jóvenes.
El líder del Senado y el legislador señalado por una corte de ese país andaban dando declaraciones a todo aquel que les preguntara sobre Maru Campos: “Está enmarañada en sus mentiras”. Ya violó la ley por no atender el llamado a comparecer. ¿Será que ahora se haga lo mismo con el gobernador y el compañero de bancada?
En la Sierra Tarahumara se desmanteló un narcolaboratorio de escala industrial, con participación de autoridades estatales y del Ejército; después vino la tragedia con la muerte de funcionarios mexicanos y estadunidenses ligados a tareas de asesoría e inteligencia.
En lugar de investigación, Morena recurrió a la estrategia electoral: la derecha es entreguista. Y vino el búmeran de Estados Unidos: la pseudoizquierda vinculada con el crimen para ganar elecciones.
Morena quiso cambiar la conversación. En vez de discutir por qué en México siguen operando narcolaboratorios, prefirió envolverse en la bandera de la soberanía. De pronto, los mismos que han tolerado zonas enteras bajo control criminal descubrieron la Constitución. Los guardianes del federalismo centralizado quieren sentar en el banquillo a una gobernadora opositora, hablar de juicio político y construir la narrativa de que combatir el crimen con información extranjera es más grave que permitir que el crimen gobierne territorios.
Si el rasero es la defensa de la soberanía, entonces también debe aplicarse cuando Estados Unidos señala a funcionarios de Morena por presuntos vínculos con el narcotráfico. Ahí, el tono cambia: ya no hay prisa, ya no hay furia patriótica; hay silencio, blindaje político y el viejo recurso de denunciar ataques desde Washington.
Mientras a Maru Campos se le lincha por un operativo que golpeó al narco, Rubén Rocha Moya fue tratado por meses con una delicadeza inexplicable, pese a señalamientos públicos y a la presión creciente de Estados Unidos. Cuando la oposición pidió que Rocha y otros gobernadores morenistas comparecieran bajo el mismo criterio, el oficialismo los cobijó.
La situación se volvió crítica con el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA: Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios actuales y anteriores de Sinaloa fueron acusados formalmente de delitos relacionados con narcotráfico y armas.
Bajo presunción de inocencia, la acusación sostiene que habrían protegido al Cártel de Sinaloa y facilitado el tráfico de drogas a Estados Unidos. No es rumor; es una imputación penal de otra nación.
Ahí se mide la congruencia: si Maru Campos debe rendir cuentas por la presencia de agentes estadunidenses, con mayor razón Rocha Moya debe comparecer ante señalamientos de protección criminal. La soberanía no sólo se vulnera cuando entra un agente extranjero; se destruye cuando un cártel decide quién gobierna, quién obedece y quién calla.
Morena no defiende la Constitución. Quiere que el país crea que el peligro está en quien desmantela un laboratorio, no en quienes son señalados de proteger a sus dueños.