México y Colombia van contra el narco; pone en riesgo la democracia: Lucía Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO.

La vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseveró que llegó a un acuerdo con el canciller mexicano Marcelo Ebrard para mejorar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

De visita a México, en el marco de la XXI Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Ramírez explicó que el narcotráfico daña las economías, corrompe a las sociedades, debilita las instituciones y pone realmente en peligro el futuro de la democracia.

“Tenemos que unir todos los esfuerzos de los gobiernos, de las autoridades judiciales, de las policías, de las fiscalías para mejorar la calidad de la cooperación que nos permita prevenir enfrentar y acabar con el negocio del narcotráfico”, explicó.

Apuntó que Colombia sufre mucho con el negocio del narcotráfico que desarrollan los cárteles mexicanos en Colombia; pero también, dijo, México sufre con el negocio del narcotráfico que tiene aquí los cárteles colombianos.

Aseveró que el atentado contra el presidente colombiano Iván Duque tiene vínculos con el narcotráfico, así como el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Afirmó que actualmente en Colombia hay un millón 800 mil venezolanos a los que nos les va a faltar nada.

La democracia, en riesgo por el narcotráfico

La vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, afirmó que ella y el canciller Marcelo Ebrard hablaron ayer de la necesidad de que Colombia y México mejoren la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, que “realmente pone en peligro el futuro de la democracia”.

En entrevista con Excélsior, la funcionaria colombiana, de visita en la Ciudad de México para participar hoy sábado en la en la XXI Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), comentó las líneas generales de lo que platicó con el canciller Ebrard, como preámbulo a los trabajos de mañana.

“Hemos acordado que hay mucha cooperación que nos debemos mutuamente aparte del crecimiento del comercio que ha sido importante a raíz del acuerdo del G-3; también es necesario que mejoremos la cooperación en la lucha contra el narcotráfico”, dijo Ramírez.

Apuntó que Colombia sufre mucho con el negocio del narcotráfico que desarrollan los carteles mexicanos en Colombia; pero también, dijo, México sufre con el negocio del narcotráfico que tiene aquí los carteles colombianos.

“Tenemos que unir todos los esfuerzos de los gobiernos, de las autoridades judiciales, de las policías, de las fiscalías para mejorar la calidad de la cooperación que nos permita prevenir enfrentar y acabar con el negocio del narcotráfico. El narcotráfico daña las economías, corrompe a las sociedades, debilita las instituciones y pone realmente en peligro el futuro de la democracia, por eso es importante hablar de democracia, porque no podemos permitir que una actitud tolerante, negligente frente al narcotráfico termine el día de mañana acabando con la democracia, porque se la tome el narcotráfico, es muy importante”.

Sobre este tema, a la vicepresidenta y canciller colombiana, que ofreció la entrevista en el lobby del piso 14 del hotel Sofitel, sobre Paseo de la Reforma, se le consultó si en su conversación con el canciller Ebrard se habló sobre la importancia de compartir información de los cárteles de la droga.

“Eso es parte de lo que vamos hacer justamente; hemos invitado al canciller Ebrard a que vaya a Colombia, para que participe en un mecanismo que tenemos de diálogo sobre temas estratégicos; esperamos que pueda ir, sobre ahora que se va a inaugurar un nuevo vuelo entre Colombia y México; de esa forma en su visita, desarrollemos ese diálogo sobre temas estratégicos y ahí se pueda lograr una reunión de los ministros de seguridad, de las  policías antinarcóticos de ambos países y también de las fiscalías para que haya ese intercambio permanente de cooperación que nos permita frenar esta expansión tan peligrosa del narcotráfico”.

A pregunta expresa sobre si el atentado al presidente de Colombia Iván Duque estaría relacionado precisamente con el narcotráfico al que se refirió con Ebrard, la vicepresidenta Ramírez, que fue ministra de Defensa Nacional dijo:

“Tiene vinculaciones, lamentablemente; son muchos los vínculos oscuros que hay. En el caso de Colombia, los grupos terroristas que en otra época, hace treinta, cuarenta años, que tuvieron alguna reivindicación política, hoy simplemente son cárteles del narcotráfico, operando desde Venezuela y esa es la amenaza que tenemos todos que enfrentar: realmente el riesgo de que el narcotráfico siga afectando nuestro desarrollo democrático, nuestra capacidad institucional y nuestro desarrollo de las economías”.

Sobre el mismo atentado contra el presidente Duque, ocurrido el 25 de junio pasado, la funcionaria colombiana dijo que el hecho no se trató solamente de un atentado contra una persona, sino contra la democracia; por eso, dijo, todas las autoridades están investigando toda la trazabilidad de quiénes son los autores intelectuales, quiénes están detrás de este intento de asesinato del presidente.

“No podemos tener ninguna tolerancia frente a ningún intento de derrocar el poder legítimamente, que es el caso del presidente Duque”, dijo Ramírez y agregó: “Así como también repudiamos totalmente el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse; sabemos que desafortunadamente hay muchos intereses oscuros, de nuevo el narcotráfico, de nuevo muchas organizaciones criminales transnacionales interesadas en debilitar las democracias, en poner en jaque algunas democracias; nosotros debemos fortalecer la capacidad investigativa, la judicial y recolección de pruebas para acabar con el narcotráfico”.

La vicepresidenta Colombia compartió que en la reunión con el canciller Ebrard, lo primero que quisieron fue reconocer la importancia y liderazgo del funcionario mexicano en la conducción de Celac.

Dijo que convergieron en la necesidad de tener una visión de largo plazo sobre la cooperación que deben tener los países de la región, cómo fortalecerse todos los países en materia de educación, desarrollo económico, ciencia, tecnología, innovación, cómo mejorar la calidad de la educación, pero también cómo enfrentar la pandemia que ha empobrecido a todos los países. Cómo lograr que haya mucho más progreso económico que genere empleos de calidad.

“Yo le decía al canciller Ebrard que todo esto tiene que pasar por un compromiso de todos, por el fortalecimiento democrático de América Latina y el Caribe, por unas instituciones sólidas, democráticas, que nos garanticen Estado de derecho, que nos garantice desarrollo económico para generar empleos, que nos garanticen, en toda América Latina, elecciones libres, transparentes, que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir a sus mandatarios por un proceso de elecciones libres; por eso Celac es un foro importante que complemente otros foros como la OEA, como la Alianza del Pacífico, donde estamos México y Colombia y también los foros multilaterales como Naciones Unidas”.

El mes pasado el gobierno de Colombia envió al Congreso una reforma inherente a la policía; a la vicepresidenta se le preguntó si ésta obedecía en forma de respuesta por las distintas manifestaciones que se han dado en su país, a lo que respondió:

“Es una reforma muy importante, porque nosotros estamos convencidos de que necesitamos una policía muy efectiva en la prevención del delito, del crimen organizado. En Colombia la policía es un cuerpo civil de carácter nacional, nosotros no tenemos una policía por estados, como sucede acá en México, sino es una policía nacional eso da muchísima más facilidad en la vigilancia y la coordinación de esas policías.

“La policía de Colombia tiene muchas funciones, por ejemplo, lucha contra la deforestación, protege también el medio ambiente, protege la niñez y la juventud, asegura la convivencia y combate el crimen organizado, pero también es la policía que lucha contra el narcotráfico; son especialidades muy distintas que necesitan una doctrina común que es la prevención, que es la protección de la ciudadanía y por supuesto la defensa de los derechos humanos”.

La vicepresidenta aseguró que esta reforma a la policía se instrumentó “si y no” en función de las protestas de este año.

“En el año 19 sufrimos una situación completamente atípica en Colombia, que fue una serie de protestas que acompañaron después con violencia, fue muy parecido a lo que le pasó a Chile en noviembre del 19, Ecuador también y luego siguió Colombia. De hecho, tanto el gobierno chileno como el ecuatoriano nos advirtieron de la información que tenían de las redes sociales.

Había mucha información de inteligencia que mostraba un tipo de comportamiento, un uso de plataformas y todo era coincidente. En ese momento Colombia se dio cuenta que debía trabajar para mejorar la capacidad de la policía para fortalecer ese cuerpo de policía antidisturbios”, dijo.

Antes de continuar con su apretada agenda de reuniones con cancilleres de varios países como Uruguay, Panamá y Belice, la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia fue consultada sobre la migración de aproximadamente 2 millones de venezolanos a tierras colombianas, que según se ha dicho han salido de su país por hambre y que requieren ser vacunados contra el virus de covid-19.

“Es un gran desafío de todos los latinoamericanos, no sólo de Colombia. Nosotros hemos sido testigos, algunos muy pasivos de la autocracia, de la dictadura que se ha venido consolidando en Venezuela, las condiciones de vida del pueblo de Venezuela son infrahumanas; los niveles de pobreza en Venezuela, en más del 70% de la población vive en pobreza extrema, eso explica esta migración masiva hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Chile, hacia Perú.

Lo que pasa es que hace un año, antecito de la pandemia, varios de los países vecinos, empezaron a poner freno a la migración venezolana. Ahora tenemos en Colombia un millón setecientos, un millón ochocientos mil venezolanos registrados, a los que nos les va a faltar nada y por eso hay un estatuto temporal para que durante 10 años se puedan integrarse a Colombia, con acceso a un empleo, a salud y en ese sentido se les vacunará como a cualquier colombiano”.