Lucha contra violencia de género se topa contra usos y costumbres en Chiapas

Cuando llegas a Chiapas lo primero que percibes son sus paisajes, el verde de la selva y su clima cálido; lo segundo es la presencia de cuerpos de seguridad con retenes y patrullajes a toda hora.

En los últimos ocho meses, su capital, Tuxtla Gutiérrez, ha experimentado una disminución en la percepción de inseguridad, pasando de 90.6% a 63.7%, según cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, la ha declarado como la ciudad más segura de la entidad.

Sin embargo, más allá de la tranquilidad en el centro, la periferia revela otra realidad donde la lucha contra la violencia de género se enfrenta a un arraigado sistema de usos y costumbres. A pesar de la menor incidencia de delitos generales y el incremento en la percepción de seguridad, persiste un problema alarmante: la violencia contra la mujer en los pueblos indígenas.

Según el Consejo Nacional de Población del Gobierno de México, Chiapas tiene el primer lugar a nivel nacional en embarazo adolescente (81.7 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años), y los matrimonios entre niñas y adultos siguen siendo una práctica común. Los delitos sexuales, principalmente cometidos contra niñas, van en aumento; recientemente, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes de Chiapas ha visto dispararse la atención de casos, con un alarmante 87% de los delitos de tipo sexual cometidos contra niñas y 13% contra niños.

Estas formas de violencia no son recientes, Chiapas cuenta con una Alerta de Género en algunos municipios desde 2016, principalmente en comunidades indígenas. El fiscal ha subrayado la importancia de llevar el mensaje a las asambleas ciudadanas en estos pueblos: los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos de las mujeres.

Hemos llevado este mensaje muy contundente de que los usos y costumbres también tienen límites”, afirmó Llaven Abarca a Excélsior, “los límites son aquellos que no vulneren, que no atenten, que no violenten los derechos de las niñas, los niños y de las mujeres”.

Las autoridades estatales no sólo reconocen los usos y costumbres como originadores de la violencia de género, sino también al consumo de alcohol y drogas, por lo que han buscado aliarse con los pueblos para mitigar estos delitos, priorizando los derechos humanos.

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Es así que en 2007 surgió el Centro de Atención para la prevención y tratamiento de las adicciones (Centra) que por casi 18 años ha atendido a 11 mil 502 personas, en su mayoría hombres, y, a través de su programa de Justicia terapéutica, ha brindado prevención, desintoxicación y rehabilitación a quienes han cometido delitos menores o ejercido violencia contra la mujer a causa de problemas con el alcohol, mariguana, cocaína y otras drogas.

Es el caso de Edgar, de 42 años, quien llegó a Centra por su adicción al alcohol y la cocaína con la voluntad de dejarlo, pues las agresiones contra su esposa y su hija eran cada vez más frecuentes.

Las lágrimas de mi hija me quebrantaron, lo más triste para mí fue afectar físicamente y emocionalmente a mi familia. (…) Estoy por salir del Centra, un lugar que me ha ayudado a encontrarme como personas, a valorarme, tener seguridad y las herramientas para salir y disfrutar a mi familia en abstinencia y sin violencia”, compartió a este diario.

Dan atención

Llaven Abarca ha asegurado mantener un enfoque de trabajo bajo un decálogo humanista en defensa de niñas, niños, adolescentes y mujeres, con el cual ya se ha modificado el Código Penal del Estado de Chiapas para aumentar la pena por feminicidio a 100 años de cárcel y establecer la pérdida automática de la patria potestad para los feminicidas. Además, se ha implementado una política de tolerancia cero a cualquier denuncia de delitos contra este sector, con un grupo especial de investigación.

La Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género también ha entrado al quite. A través de la Subsecretaría de Economía Social, busca empoderar a las mujeres con cursos y talleres, mientras que la Subsecretaría de Igualdad de Género ofrece capacitaciones en materia de prevención.

Chiapas cuenta con 52 Centros Libres para las Mujeres, más que cualquier otro estado en el país. Estos centros proporcionan acompañamiento y asesoramiento, con equipos de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. De mayo a la fecha, se han brindado más de 6 mil atenciones, en las que se otorga la Cartilla de Derechos de las Mujeres, disponible en español y tsotsil, que busca ser traducida a todas las lenguas maternas de Chiapas para llegar a los municipios de los Altos donde las mujeres aún temen denunciar debido a los usos y costumbres.

El fiscal general reconoció que el delito más cometido en Chiapas es la violencia familiar. Para ello, recientemente anunció que se implementará un programa piloto de denuncia digital exclusivo para casos de violencia familiar en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Esto, asegura, permitirá una respuesta inmediata con contención psicológica y protección policial.

En medio de este panorama, las denuncias, en su mayoría por delitos sexuales, incrementaron 40% de enero a julio de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Con 30% de su población indígena y más de 24 municipios regidos por usos y costumbres, Chiapas enfrenta un reto significativo.

El programa de Cero impunidad busca llegar a todos los rincones del estado, incluyendo municipios con fuerte arraigo de usos y costumbres, como San Juan Chamula, Zinacantán y Chenalhó. Aunque el fiscal admitió la cultura machista en estas comunidades, también reiteró el mensaje de crear una nueva conciencia sobre los usos y costumbres que no atenten contra las mujeres. Derechos fundamentales como el de heredar, comunes para las mujeres en general, no son reconocidos en algunas comunidades indígenas, donde sólo los varones pueden hacerlo.

Tenemos que generar esta conciencia nueva de usos y costumbres, que sea igualdad de respeto y que obviamente sea protector de los derechos de las mujeres”, enfatizó.

En este contexto de contrastes, visitar Chiapas es, en ciertos aspectos, como viajar en el tiempo. Mientras la percepción de seguridad general avanza, las políticas públicas para combatir la arraigada violencia de género a menudo se encuentran en un escenario que evoca los programas y enfoques que nacieron en México a finales de los años 90, luchando por permear un sistema de usos y costumbres con raíces profundas.

Frente a este panorama, las voces de las nuevas generaciones ofrecen un rayo de esperanza. Laisha Ruiz, una joven de 22 años de Santo Domingo, en el municipio de Unión Juárez, estudia la licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas. Considera que “los usos y costumbres se han utilizado muchas veces en muy malos conceptos”. Reconoce que las violaciones a los derechos humanos existen, pero destaca que la sociedad está en constante transformación, y que los jóvenes, al salir, estudiar y conocer sus derechos, encuentran muchas puertas abiertas. “La ignorancia o el no saber de nuestros derechos también nos hace vulnerables”, dijo a Excélsior.

Con un mensaje inspirador, Laisha animó a las jóvenes de su municipio a seguir estudiando: “Que le echen muchas ganas, que podemos, que va a ser difícil pero sí podemos salir adelante”.

Su perspectiva resume la transformación en curso: “En mucho tiempo sí hemos sido objetos de museo, y ahora somos sujetos de derecho y creo que ese también es un parteaguas para seguir luchando porque la transformación no viene sólo de una persona, viene en común, es la sociedad que nosotros hacemos esa transformación”, dice con firmeza.

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