Llevarán a la UNAM a tribunales: preparan amparo colectivo contra examen de control
Un grupo de jóvenes afectados interpondrá un amparo indirecto colectivo para frenar la prueba, argumentan violación de sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica y al acceso a la educación superior en condiciones de equidad.
La decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de someter a alrededor de 58 mil aspirantes a una nueva prueba de control presencial, pese a que el pasado 17 de julio fueron publicados los resultados del examen de admisión en línea, abrió un nuevo frente: el judicial.
A pocas horas del anuncio realizado por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, aspirantes a licenciatura comenzaron la preparación del primer amparo indirecto colectivo contra la medida, promovido por el abogado Daniel Reyes en representación de jóvenes afectados.
El recurso será presentado ante Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México y señala como autoridades responsables al rector de la UNAM, al H. Consejo Universitario, a la Comisión Técnica presidida por Eduardo Bárzana García, al Colegio de Directoras y Directores, a la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la institución.Los argumentos contra la medida
De acuerdo con el borrador del proyecto de demanda, la decisión de la Universidad vulnera los derechos de audiencia, debido proceso, seguridad jurídica y el acceso a la educación superior en condiciones de equidad.
Uno de los principales argumentos de los promoventes es que la UNAM estaría desconociendo los efectos de resultados que fueron publicados oficialmente y con base en los cuales algunos aspirantes recibieron un aviso de selección.
La demanda sostiene que imponer una nueva evaluación generalizada parte de una sospecha sobre la validez de los resultados obtenidos, sin que exista un procedimiento individual en el que cada aspirante pueda conocer las razones por las que se le exige repetir una prueba.
Los promoventes argumentan que la medida coloca a miles de jóvenes bajo una presunción de irregularidad, pese a que el examen fue diseñado, aplicado y validado por la propia Universidad.
También consideran que la medida resulta desproporcionada, pues señalan que, si el objetivo es comprobar la preparación académica de los estudiantes, existen mecanismos posteriores dentro de la trayectoria universitaria, como la evaluación del primer semestre y el desempeño académico.Buscan frenar el examen presencial
La demanda solicita a un juez federal conceder la suspensión provisional y, posteriormente, definitiva de los actos reclamados, con el objetivo de que la UNAM no obligue a los promoventes a presentar el examen de control presencial mientras se resuelve el fondo del juicio.
Se argumenta que existe una urgencia debido a que la aplicación de la prueba podría afectar el ingreso oportuno de los jóvenes al ciclo escolar 2026-2027 y generar daños de difícil reparación.