La trágica muerte de la adolescente Dafne Zapata Quintos en la academia militarizada Doenitz, de Ciudad Madero, Tamaulipqs, no sólo destapó una cloaca de abusos e impunidad, sino que volvió a exhibir la insensibilidad y el estilo populista con el que se administra la educación en nuestro país.
Dafne se inscribió en dicho plantel con la ilusión de una formación basada en la disciplina y el respeto, pero encontró un entorno caracterizado por el maltrato físico y la negligencia, lo cual terminó arrebatándole la vida. Su fallecimiento no fue un accidente aislado ni una fatalidad inevitable; fue el resultado predecible de una cadena de omisiones institucionales acumuladas durante largo tiempo.
El caso de la academia Doenitz es el retrato hablado del abandono estatal. Durante años, exalumnos y padres de familia acumularon denuncias sobre las severas violaciones a los derechos humanos que ocurrían tras sus puertas: golpes, castigos inhumanos, humillaciones sistemáticas y prácticas de amedrentamiento disfrazadas de rigor castrense. Sin embargo, ninguna autoridad municipal, estatal ni federal le puso un alto a los responsables. Las autoridades actuaron con indolencia; prefirieron mirar hacia otro lado, manteniendo una ceguera voluntaria y otorgando o manteniendo RVOE sin verificar jamás las condiciones reales en las que operaban estos colegios.
Tras el escándalo mediático provocado por la pérdida de Dafne, la respuesta gubernamental no tardó en llegar, cargada de la demagogia habitual. La SEP anunció el miércoles la decisión drástica de cerrar todas las escuelas militarizadas del país. Esta medida va exactamente en línea con el modo de operar que ha caracterizado a los gobiernos de la autonombrada Cuatroté: no buscan resolver los problemas de fondo, sino construir una solución mediática e inmediata que aplaque la indignación pública. Fiel a esa doctrina, la autoridad educativa no cura el dedo herido, sino que prefiere cortar el brazo completo para dar la ilusión de firmeza. Cancelar licencias a rajatabla, cuando está por iniciarse el ciclo escolar, no equivale a impartir justicia ni a construir controles eficaces; es la vía rápida del burócrata para eludir su propia responsabilidad en la falta de supervisión.
Lo más revelador es que esta liquidación institucional ni siquiera responde al clamor de las víctimas directas. Así me lo dijo ayer Alejandra Quintos, madre de Dafne, en entrevista para Imagen Radio: “Yo no quiero que cierren la escuela, hay gente que vive de su trabajo en ese lugar; yo quiero justicia”. La voz firme de Alejandra pone en evidencia el vacío del gesto gubernamental. La familia de Dafne no exige represalias indiscriminadas contra la planta laboral o el modelo educativo en su conjunto, sino deslindar responsabilidades individuales, castigar penalmente a los agresores e instructores involucrados y obligar al Estado a reconocer su negligencia.
Cerrar los planteles por la vía administrativa es una cortina de humo que busca sepultar el expediente y liquidar el conflicto social sin tocar las redes de complicidad.
La doble moral de la SEP queda al descubierto al contrastar este caso con lo que sucede en otras instituciones educativas bajo su amparo. En diversas escuelas normales del país han quedado documentadas novatadas salvajes que incluyen tortura física y otros actos ilegales. No obstante, la SEP jamás se atrevería a decretar el cierre de las escuelas normales. Sabe perfectamente que dar ese paso desataría paros y bloqueos. Cerrar las normales causaría graves problemas políticos para el gobierno federal, mientras que clausurar colegios militarizados resulta políticamente barato y rinde dividendos mediáticos instantáneos.
Gobernar mediante titulares de prensa e imposiciones tajantes es el sustituto barato de la verdadera política pública. La memoria de Dafne Zapata Quintos exige justicia penal, investigación rigurosa de las complicidades burocráticas y un marco regulatorio estricto para todos los planteles educativos. Clausurar instituciones enteras para esconder la incapacidad de fiscalizarlas es una cobardía gubernamental que deja impunes a muchos culpables e indefensos a los ciudadanos.