Lecciones de la #DataCoparmex para fortalecer la economía

La reciente publicación de la Encuesta a Socios #DataCoparmex 2025 confirma, con información verificable desde la base empresarial, preocupaciones que hemos venido sosteniendo sobre la evolución económica del país y los factores que hoy están limitando su crecimiento. No es una lectura coyuntural ni un reflejo de estados de ánimo. Es la constatación de una combinación persistente de inseguridad, debilitamiento de la confianza y restricciones institucionales que están afectando decisiones reales de inversión, empleo formal y permanencia de empresas.

La inseguridad sigue siendo uno de los principales desafíos económicos. El 46.8% de los socios Coparmex encuestados fue víctima de al menos un delito durante el último año. La extorsión y el robo de mercancía en tránsito se mantienen como los ilícitos más frecuentes, con impactos directos en costos, logística y operación. Estos delitos funcionan como un impuesto criminal que genera pérdidas, distorsiona mercados, reduce márgenes y condiciona decisiones de inversión. La inseguridad se convirtió en una restricción estructural de la economía.

Ese entorno se refleja con claridad en la inversión. Solo el 39.5% de las empresas considera que es buen momento para invertir. Este dato es central porque la inversión privada no es un componente accesorio del crecimiento, es su principal palanca. Sin inversión no hay ampliación de capacidad productiva, ni incorporación tecnológica, ni encadenamientos, ni empleo formal sostenible. Con crecimiento bajo no alcanza para absorber a los jóvenes que ingresan al mercado laboral, tampoco para elevar la productividad ni para sostener el bienestar en el tiempo.

La confianza empresarial, de acuerdo con la #DataCoparmex, permanece presionada por tres factores centrales —la incertidumbre económica, la inseguridad y el contexto político—. Incluso con estabilidad macroeconómica, cuando las reglas son poco claras, la regulación es costosa y la certeza jurídica frágil, el capital se detiene. La estabilidad por sí sola no genera crecimiento si no se traduce en certidumbre institucional y capacidad efectiva del Estado para hacer cumplir reglas.

Conviene además analizar con cuidado algunos indicadores económicos recientes. Por ejemplo, en lo que corresponde a la inversión, correlacionada con fuerza con la confianza empresarial, las variaciones recientes ya se están midiendo contra bases de comparación debilitadas, después de 14 meses con caídas interanuales.

#DataCoparmex también muestra que la simplificación administrativa puede generar resultados. El indicador de gasto regulatorio disminuyó a 48.9%, lo que confirma que cuando existe voluntad institucional y coordinación entre autoridades es posible reducir cargas. Sin embargo, el avance sigue siendo insuficiente. Una de cada dos empresas enfrentó dificultades para realizar trámites, principalmente por requisitos excesivos, procesos poco claros y costos elevados. La sobrerregulación opera como un freno que limita productividad, formalidad e inversión.

Frente a este escenario, el país requiere una agenda clara y ejecutable. En materia energética, la mayor competencia internacional que comienza a perfilarse, sumada a las propias restricciones financieras de Pemex, obliga a replantear la estrategia. Insistir en esquemas cerrados reduce la competitividad del país. México necesita una política energética que permita mayor apertura a la inversión privada, garantice suministro confiable y precios competitivos, y acompañe las necesidades de la industria y la logística vinculadas al T-MEC.

Otro eje clave es el costo de la formalidad. Las cargas no salariales que enfrentan las empresas, incluidos impuestos como el gravamen a la nómina, encarecen el empleo formal y desincentivan la inversión, particularmente en las MiPyMEs. Reducir estas cargas es política de crecimiento que fortalece la base productiva, amplía la formalidad y mejora la recaudación en el mediano plazo.

A ello se suma la necesidad de un proceso de desregulación de fondo. En un entorno de mayor competencia regional y de revisión del T-MEC, México no puede seguir operando con marcos regulatorios complejos, discrecionales y costosos. Simplificar trámites, eliminar duplicidades y garantizar certeza en tiempos y criterios es indispensable para sostener la competitividad.

Fortalecer el Estado de Derecho es condición indispensable. Revisar las reformas al sistema judicial desde una perspectiva técnica e institucional debe incluir la evaluación de posibles ajustes a las leyes ya aprobadas, junto con un proceso de profesionalización de los nuevos jueces, la definición de criterios claros en las resoluciones y programas de formación y capacitación permanentes. Solo con un Poder Judicial profesional, independiente y predecible será posible reconstruir la confianza; de lo contrario, la inversión seguirá enfrentando un riesgo innecesario.

La información que brinda #DataCoparmex es una verificación del estado real de la economía. México aún tiene margen para corregir el rumbo si coloca nuevamente a la confianza y a la inversión productiva en el centro de su estrategia. Convertir estabilidad en certidumbre y certidumbre en inversión, es hoy la tarea central si se quiere sostener empleo formal, competitividad y desarrollo de largo plazo.