Jueces especializados en Telecomunicaciones deben atender amparos contra registro de celulares: SCJN
Por mayoría de votos la SCJN resolvió la contradicción de criterios 115/2026, cuyo proyecto estuvo a cargo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa
Los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones son únicos encargados en resolver los amparos promovidos en contra de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, que se encuentra en proceso, resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por mayoría de votos se resolvió la contradicción de criterios 115/2026, cuyo proyecto estuvo a cargo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, sobre la postura de tribunales que turnaron los amparos indirectos a juzgados especializados en telecomunicaciones, mientras que otros resolvieron que debían conocerlos juzgados administrativos ordinarios.
“Es válido concluir que lo que realmente se pretende dilucidar sí exige un análisis técnico especializado en tal expertise, vinculado con la prestación del servicio de telefonía móvil, que implicaría dilucidar la validez constitucional de un sistema de identificación poblacional, el tratamiento de datos respecto del registro de líneas telefónicas móviles, y también las obligaciones de los prestadores de servicio de telefonía y las consecuencias de su implementación a la luz de una normatividad específica a nivel constitucional”, planteó la ministra Esquivel Mossa.
Esta aprobación no resuelve de fondo la constitucionalidad o no de la vinculación de ordenaron las autoridades de Telecomunicaciones, para que una línea de telefonía móvil quede relacionada con la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular.
Los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción nacional, serán los encargados de resolver los amparos.
El bloque que votó en contra del proyecto estuvo integrado por las ministras María Estela Ríos González, Lenia Batres Guadarrama y el ministro Arístides Guerrero García, que consideraron que por estar involucrado el manejo de datos personales y no cuestiones técnicas, los amparos los deberían conocer juzgados administrativos ordinarios.