Indígenas de Chilapa exigen reconocimiento a la Policía Comunitaria
Autoridades comunitarias denunciaron la fabricación de carpetas de investigación y responsabilizaron al grupo delictivo "Los Ardillos" de perpetrar violencia y despojo territorial desde 2015

Este fin de semana autoridades comunitarias, comisarios y habitantes de 12 comunidades indígenas del municipio de Chilapa realizaron una asamblea regional en la comunidad de Alcozacán, para exigir la liberación de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
En la reunión participaron unas 600 personas integrantes del CIPOG-EZ y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF). Ahí las autoridades comunitarias denunciaron una presunta campaña de criminalización contra los pueblos indígenas organizados.
En un pronunciamiento responsabilizaron al grupo delictivo de Los Ardillos de los ataques cometidos contra comunidades indígenas entre 2015 y 2026, los cuales, afirmaron, han dejado decenas de personas asesinadas, cientos de desplazados y cuantiosos daños materiales, todo lo anterior para despojarlos de sus territorios y recursos naturales, señalando además un presunto contubernio con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Uno de los puntos relevantes de la reunión fue la exigencia de liberar a Jesús Plácido Galindo, quien permanece recluido en el penal federal del Altiplano, acusado de haber orquestado el homicidio del comisario de la comunidad de Xicotlán.
Los integrantes de la CRAC-PF afirmaron que los gobiernos federal y estatal buscan criminalizar a las autoridades comunitarias, por lo anterior demandaron la cancelación de las carpetas de investigación y órdenes de aprehensión que consideran fabricadas en su contra.
También solicitaron el reconocimiento oficial de la Policía Comunitaria, al señalar que brinda seguridad a las familias de la región conforme a los lineamientos de la Constitución y a la Ley 701 del Estado de Guerrero, leyes que limitan que su actuación es para la defensa de las comunidades, el territorio y los recursos naturales.
Las comunidades que participaron en la asamblea son: Alcozacán, Zacapezco, Rincón de Chautla, Nuevo Amanecer, Xochitempa, Acahuehuetlan, Tula, Xicotlan, Ayahualtempa, Amatitlan, Los Pinos y Tierra Blanca.
Los integrantes de la CRAC-PF y del CIPOG-EZ solicitaron el respaldo de organizaciones de derechos humanos, del Congreso Nacional Indígena (CNI), del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Alcozacán se hizo famoso porque hace unos años las autoridades comunitarias de ese pueblo presentaron a un grupo de menores de edad armados con rifles que fueron integrados a la policía comunitaria para defender a sus familias y a sus pueblos ante el ataque de los grupos delictivos, lo que provocó un escándalo a nivel internacional.