El impuesto invisible de la inseguridad en la economía formal

En México, la discusión en torno a la seguridad dejó de ser un asunto limitado a patrullas, cifras delictivas o despliegues operativos. Hoy es, de manera cada vez más evidente, una conversación económica y de competitividad. La inseguridad opera como un impuesto invisible que no está en ninguna ley fiscal, que pagan de manera puntual las empresas formales que cumplen con la ley, generan empleo y sostienen buena parte de la recaudación del país.

Este impuesto no se cobra de una sola vez ni con una tasa explícita. Se manifiesta en costos acumulativos que erosionan la viabilidad de los negocios. Rutas logísticas más largas para evitar zonas de riesgo, inversiones en vigilancia y protección que no agregan valor productivo, primas de seguros crecientes, reducción de horarios de operación y cancelación de proyectos de expansión. Todo ello termina reflejándose en menor competitividad y en decisiones de inversión cada vez más defensivas. El impacto es particularmente severo en las pequeñas y medianas empresas, que carecen de márgenes amplios y de estructuras para absorber choques permanentes.

La extorsión representa la expresión más corrosiva de este fenómeno. Se trata de un delito que ha crecido de manera sostenida durante más de una década y que entre 2016 y 2026 acumula un incremento cercano al 90 %. No es un delito ruidoso ni espectacular, pero sí profundamente destructivo. Su carácter cotidiano y su baja tasa de denuncia lo convierten en un mecanismo eficaz de extracción de recursos desde la economía formal hacia la criminalidad. Para miles de empresarios, la extorsión no es una estadística, sino una decisión diaria entre pagar, cerrar o volver a la informalidad.

Los datos confirman que no se trata de hechos aislados. En 2025, veintitrés estados del país registraron incrementos en delitos que afectan directamente a las empresas. Trece entidades mostraron aumentos en extorsión, diecinueve en robo a negocio y nueve presentaron incrementos simultáneos en ambos delitos. Esta dispersión territorial evidencia que el problema dejó de ser regional para convertirse en una restricción estructural del entorno productivo nacional. La inseguridad ya no es un riesgo acotado, es una variable que condiciona la planeación empresarial en amplias zonas del país.

Desde el sector empresarial organizado hemos insistido en una idea central que suele subestimarse en el debate público. La seguridad no es un gasto accesorio ni un componente aislado de la política pública, es una condición habilitadora del desarrollo económico. Sin seguridad no hay inversión sostenida. Sin inversión no hay empleo formal. Sin empleo no hay bienestar ni movilidad social. Cuando la inseguridad se normaliza, la economía pierde profundidad, se reduce el horizonte de planeación y se favorecen esquemas de sobrevivencia de corto plazo.

En este contexto, resulta indispensable reconocer el papel de la seguridad privada profesional como complemento del Estado. Cuando está regulada, supervisada y sujeta a estándares claros, no sustituye a la autoridad ni compite con ella. Contribuye a proteger instalaciones, cadenas logísticas y personas, y ayuda a contener riesgos en sectores estratégicos. Este esquema brinda estabilidad y certidumbre. En contraste, la proliferación de esquemas informales, sin controles, rendición de cuentas ni capacitación, introduce vulnerabilidades adicionales y opera al margen de cualquier marco institucional.

A esta presión estructural se suma un debate laboral que debe abordarse con realismo. Avanzar hacia mejores condiciones de trabajo es una aspiración legítima, pero hacerlo sin considerar la heterogeneidad de sectores que operan de manera continua, como la seguridad, la logística o la salud, puede generar efectos no deseados. Las transiciones mal diseñadas elevan costos, reducen empleo formal y terminan por empujar actividades hacia esquemas informales. La justicia laboral requiere gradualidad, esquemas diferenciados y diálogo técnico, no soluciones uniformes que ignoren la realidad operativa de las empresas.

El futuro de la seguridad empresarial y de la competitividad pasa también por la profesionalización y la tecnología. La prevención basada en datos, la analítica avanzada, la inteligencia artificial y los procesos certificados ya no son opcionales. Las empresas que invierten en talento, tecnología y protocolos no solo reducen riesgos, también ganan resiliencia, mejoran su perfil de inversión y aseguran su permanencia en el largo plazo. En un entorno adverso, la diferencia entre resistir y desaparecer suele estar en la capacidad de anticipación.

El mensaje de Coparmex ha sido consistente. Defender la seguridad es defender la economía formal, el empleo digno y el Estado de derecho. No se trata de pedir privilegios ni de trasladar responsabilidades. Se trata de exigir condiciones mínimas para trabajar, invertir y crecer. La inseguridad funciona hoy como un impuesto oculto que castiga al que cumple y premia al que opera fuera de la ley. Mientras esa lógica persista, el crecimiento será frágil y la informalidad seguirá avanzando.

México no necesita empresarios silenciosos ni autoridades desbordadas. Necesita seguridad para invertir, legalidad para crecer y liderazgo para no normalizar el miedo. Porque cuando la inseguridad se vuelve parte del costo de hacer negocios, el país entero paga la factura. Y sin empresas viables, no hay proyecto de desarrollo posible.