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Histórico 1968: Ignoran a los estudiantes

Los estudiantes informaron que habían enviado una carta a Díaz Ordaz; el mandatario delegó en cuatro dependencias que respondieron a los jóvenes, aunque no le entraron al tema de tener un diálogo, como se los proponía el CNH

Andres Becerril | 07-09-2018
Fotos: Archivo Histórico Excélsior
Fotos: Archivo Histórico Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Gustavo Díaz Ordaz se resistía a darse por enterado de la demanda del Consejo Nacional de Huelga (CNH) para comenzar un diálogo. Eso obligó a los estudiantes a enviarle al jefe del Ejecutivo federal una carta (que no fue pública), a nombre de Juan José Martínez de la Garza.

La respuesta a la carta de Martínez de la Garza y/o CNH se publicó el 7 de septiembre de 1968 en Excélsior. No fue una respuesta, sino cuatro. Aunque ninguna de Díaz Ordaz. Fueron de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría de Justicia del Distrito y Territorios Federales y del Departamento del Distrito Federal.

Lo sobresaliente de todas las respuestas oficiales está en que en ninguna de ellas se tocó el tema del diálogo propuesto por el CNH y se van por argumentos legales y de procedimiento para liberar a los presos políticos o para la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal o bien la destitución de los jefes policiacos y la desaparición del cuerpo de granaderos.

En la nota periodística de hoy hace 50 años se menciona que las instancias gubernamentales mencionadas daban respuesta a la petición que, en nombre del Consejo Nacional de Huelga, hizo Juan José Martínez de la Garza, solicitud que a esas dependencias les turnó la Presidencia de la República.

La veracidad de esa primera carta directa al Presidente –hubo al menos otra firmada por Marcelino Perelló–, y firmada por un integrante del CNH, la confirmó Luis González de Alba en su libro Los días y los años.

En vista de que Díaz Ordaz en su informe, al responder a los estudiantes hizo alusión a que no había recibido petición alguna en forma oficial, se enviaron por escrito nuestras demandas señalando que deseábamos darles cauce por medio de un diálogo frente a toda la población, única forma de garantizar la absoluta honestidad de las partes tratantes. Firmaba por el CNH Juan José Martínez de la Garza”, escribió González de Alba, quien se convirtió en un líder del Movimiento Estudiantil, que estuvo preso y murió el 2 de octubre, pero de 2016.

La primera respuesta de las cuatro dadas a conocer fue la de Gobernación, que alude que no tiene injerencia en resoluciones de carácter jurídico, con relación a las “personas que ustedes llaman presos políticos”.

Gobernación también afirmó al CNH que carecía de facultades para derogar leyes, como lo estaban solicitando los estudiantes, específicamente a los artículos 145 y 145 bis del Código Penal.

La respuesta de la PGR fue que la dependencia está obligada a atender a la persona que tenga legítimo interés, “en la seguridad de que en las peticiones se observarán en los términos del artículo 8 de la Constitución”.

Por su parte, Guillermo Lerdo de Tejada, oficial mayor del Distrito Federal, en su respuesta a Martínez de la Garza, dijo que el cuerpo de granaderos no podía desaparecer porque la ciudad se quedaría sin vigilancia; sobre la petición de destituir a los jefes policiacos, el DDF ofreció una investigación que ya había hecho con anterioridad. Y sobre la indemnización a la víctima, el funcionario capitalino le dijo al CNH que tendría que presentarse directamente el interesado o sus representantes legales acreditados.

Por parte de la Procuraduría del Distrito al CNH le contestó Eduardo Langle Martínez, diciendo que la dependencia escucharía a las personas que con interés legítimo en cuanto al pliego petitorio presentado por los estudiantes expresen su deseo de que se examine la situación legal que confrontan en ese momento las personas procesadas.

El mismo 7 de septiembre de 1968, como reacción a la difusión pública de la respuesta oficial a la carta del CNH vía Martínez de la Garza enviada al presidente Díaz Ordaz, los líderes estudiantiles informaron que darían respuesta al gobierno al día siguiente.

Además mostraron las copias selladas de las misivas entregadas a la Presidencia de la República, Gobernación, DDF, PGR, a las cámaras de Diputados y Senadores y a la Procuraduría del Distrito, donde insistirían en que el diálogo debía ser público, con asistencia de autoridades, periodistas y transmisión por radio y televisión.

80 mil estudiantes era el cálculo que organizadores hacían de la participación en la manifestación programada para el sábado

Los estudiantes informaron que ya para ese 7 de septiembre habían recopilado medio millón de firmas de personas para apoyar la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que se refieren al delito de disolución social.

A manera de encuesta sobre si debían o no derogarse esos artículos.

Entre tanto, el CNH seguía con los preparativos para una manifestación programada para ese sábado, que originalmente habría sido la marcha del silencio, propuesta por el estudiante de medicina José Oceguera, pero que se hizo el día 13 de septiembre.

La manifestación del 7 estaba programada para las cinco de la tarde. Primero un mitin en la Vocacional 7 de Tlatelolco o bien en la Plaza de las Tres Culturas. Los organizadores hacían cálculos de que podían participar unos 80 mil estudiantes. Para este evento se repartieron 500 mil invitaciones.

Los estudiantes, según la información periodística, reforzarían sus mítines relámpago. En la víspera se realizaron asambleas que ellos llamaron “urgentes” en todas las escuelas en huelga. “Las cosas van por buen camino, creemos que ya está a la vista la solución al conflicto estudiantil”, dijeron algunos líderes del CNH.

También se acordó en esas asambleas que cualquier propuesta del gobierno federal para establecer un diálogo sería sometida a la consideración del CNH y de todos los comités de lucha de las escuelas y facultades del Politécnico.

En una información publicada en Excélsior hoy hace 50 años, sobre las actividades de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el contexto del Movimiento Estudiantil, la dependencia informó entonces que habían cesado los patrullajes en la ciudad, en previsión de desórdenes.

En cambio, mencionó la Sedena, se había reforzado la vigilancia en carreteras e instalaciones clave, tales como torres de corriente eléctrica, refinerías y aeropuertos, con la finalidad de evitar posibles actos de sabotaje.

Ese refuerzo de vigilancia, refiere la nota periodística, se hizo debido al hallazgo de una bomba en una de las torres conductoras de alta tensión, artefacto que fue desarmado por un grupo de ingenieros de combate del Ejército, adiestrado en varios países, especialmente en Inglaterra, donde después de la Segunda Guerra Mundial fueron encontradas muchas bombas sin estallar.

La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), cada vez más disminuida, seguía haciendo su luchita. La organización ligada al PRI y al gobierno, hizo público que había entregado en la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República, un documento en el que reiteraba sus peticiones hechas desde el inicio del conflicto estudiantil, que ya rebasaba los 40 días, para la destitución de los jefes policiacos, indemnización a víctimas, libertad de estudiantes presos a partir del 26 de julio; desaparición de antecedentes penales a los jóvenes y la salida de las fuerzas federales de los planteles educativos.

En este contexto se conoció la información de que la PGR había consignado ante el juzgado primero penal de Distrito a 10 estudiantes de la escuela de Agricultura de Chapingo y a 9 del Poli, acusados de robo.

El robo en el que se implicó a estos 19 estudiantes fue de dos autobuses de las mismas escuelas a las que asistían. Según la PGR, las autoridades de ambas instituciones denunciaron el robo de las unidades y por eso fueron a parar a la cárcel preventiva.

Aún con los ecos de la manifestación del 27 de julio de 1968, cuando los estudiantes, además de izar una bandera rojinegra en el asta bandera del Zócalo entraron a la Catedral Metropolitana e hicieron sonar las campanas, la Organización de Organizaciones Nacionales, que agrupaba entonces a 47 organizaciones católicas con más de dos millones de miembros, dijo que no participaría en ningún acto de desagravio por la supuesta profanación de la Catedral, ya que las autoridades eclesiásticas competentes habías declarado ya que no hubo tal profanación.

 

cva

 

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