Agua para todos: renacimiento del derecho del agua en México

Veintiocho años pasaron desde la publicación inicial de la actual Ley de Aguas Nacionales, en 1992, y 21 años desde su reforma sustancial en el año 2004 para poder contar con una reforma que, al fin, modifique el régimen de la administración y manejo del recurso del agua en México.

 Lo anterior, considerando, además, que en el año 2012 se publica una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se contempla el derecho humano de acceso, disposición y saneamiento del agua, y en donde se estableció que debía publicarse una Ley General de Aguas en un plazo de 360 días, los cuales, evidentemente, no se cumplieron. 

Después de esta reforma constitucional, múltiples versiones e intentos de publicar una Ley General de Aguas se tuvieron en nuestro país, inicialmente se buscaba el reemplazo de la Ley de Aguas Nacionales; después de años de esfuerzos, la actual administración federal logra, en diciembre de 2025, publicar la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

Finalmente, quedaron dos leyes, la Ley General de Aguas, que tiene por objeto regular el derecho humano consagrado en la Constitución nacional, estableciendo los mecanismos para garantizar este derecho; y la Ley de Aguas Nacionales continúa como ordenamiento regulatorio de la explotación y administración del recurso hídrico, claro, con algunas reformas sustanciales. 

Lo anterior supone un cambio en el panorama del consumo de las aguas nacionales, como lo veíamos desde hace más de 25 años, esto implica un cambio en la manera en que se administran los recursos y los mecanismos que se tienen en la Federación y las autoridades locales para esta administración. 

Uno de los cambios más relevantes y el que más ha generado especulaciones y preocupaciones es la eliminación de las transmisiones de derechos de aguas nacionales entre particulares, dando paso al procedimiento de Reasignación de Volúmenes, que busca eliminar el mercado irregular de venta del bien nacional, dando lugar a una debida administración del agua, teniendo como prioridad el consumo personal y doméstico, beneficiando el derecho humano al agua, la seguridad alimentaria y el desarrollo nacional. 

La reasignación de volúmenes se llevará a cabo considerando el volumen disponible en el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales y debemos esperar a que se emitan las reglas para su ejecución y aplicación, así como los requisitos para poder acceder al volumen del Fondo de Reserva, por lo que aún quedamos con un poco de incertidumbre y entusiasmados de la publicación de estas regulaciones. 

En las reformas de la Ley de Aguas Nacionales se contemplan otros cambios en relación con el otorgamiento de prórrogas de concesiones, caducidad de derechos, uso temporal de las aguas nacionales, distritos y sistemas de riego, la captación de agua pluvial, incremento de sanciones y creación de delitos hídricos, que pueden tener un impacto en el abasto y suministro de aguas nacionales que actualmente tienen los particulares. 

Existe una preocupación por la probable pérdida de derechos de los usuarios de aguas nacionales, derivados de estas reformas y la nueva Ley General de Aguas, por lo cual, invitamos a los particulares al análisis y diagnóstico del cumplimiento de sus obligaciones, considerando que, si se tiene todo en orden, no debe haber preocupación por una afectación a sus derechos. 

Aplaudimos los esfuerzos del gobierno federal, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, por lograr este cambio regulatorio que tanto esperábamos en materia hídrica, en Pontones & Ledesma nos encontramos listos para conocer los siguientes pasos para la ejecución del Programa de Ordenamiento de Concesiones y de estos cambios legales que, sin duda, beneficiarán a nuestro país.