Hacinamiento, abandono y omisiones: la realidad tras los muros en Hidalgo

La narrativa oficial del gobierno de Julio Ramón Menchaca Salazar se desmorona cuando se contrasta con la realidad que se vive al interior de las cárceles de Hidalgo. La radiografía más reciente del sistema penitenciario estatal confirma lo que durante años han advertido internos, defensores de derechos humanos y personal penitenciario: la reinserción social sigue siendo una promesa incumplida, atrapada entre carencias estructurales, improvisación y abandono institucional.

De acuerdo con el Informe Anual de Centros de Reinserción Social y de Internamiento para Adolescentes 2025, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, exhibe un sistema colapsado que arrastra los mismos vicios sexenio tras sexenio.

Los 12 Centros de Reinserción Social y el centro para adolescentes presentan fallas repetidas, insuficiencia de personal, hacinamiento persistente, servicios médicos limitados, infraestructura deteriorada y una gobernabilidad interna frágil, incapaz de garantizar condiciones mínimas de dignidad.

La evaluación nacional confirma el rezago. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, Hidalgo obtuvo una calificación promedio de 5.79, colocándose en el rango más bajo a nivel país.

Los penales de Jacala, Ixmiquilpan, Huichapan y Molango figuran entre los peor evaluados, con puntuaciones que apenas logran salir del rojo. Las observaciones son reiterativas y graves: deficiencias en servicios de salud, separación inadecuada entre hombres y mujeres, ausencia de mecanismos eficaces para prevenir violaciones a derechos humanos y procedimientos disciplinarios deficientes.

La sobrepoblación agrava el escenario. El penal de Pachuca concentra dos mil 578 personas privadas de la libertad, además de 328 mujeres en el área femenil. Tula registra 816 internos; Tulancingo, 652; la Huasteca Hidalguense, 302; Actopan, 289; Ixmiquilpan, 224; Molango, 198; Apan, 175; Mixquiahuala, 153; Tenango de Doria, 119, y Jacala, 104. El Centro de Internamiento para Adolescentes alberga a 18 menores de edad. Números que rebasan capacidades y tensionan al máximo las instalaciones.

La propia Comisión de Derechos Humanos advierte que el hacinamiento deteriora la salud física y mental de las personas internas, rompe la convivencia social y propicia dinámicas de agresión, aislamiento e individualismo. Aun así, el problema persiste.

El informe señala que una parte considerable del presupuesto se destina únicamente a la manutención básica de los internos, lo que limita cualquier posibilidad real de invertir en infraestructura, ampliar espacios o fortalecer programas de reinserción.

El diseño de muchos centros penitenciarios, lejos de responder a criterios técnicos, es improvisado. Esa falta de planeación dificulta mantener el orden, la seguridad y la correcta aplicación de programas de tratamiento y rehabilitación. No es un fenómeno nuevo.

Informes previos ya advertían la insuficiencia de personal especializado, la precariedad en los servicios de salud y el deterioro constante de las instalaciones. Nada sustancial ha cambiado.

Las cifras oficiales confirman además un crecimiento sostenido de la población penitenciaria de poco más de cinco mil internos en 2024 se pasó a casi cinco mil 700 en septiembre de 2025. El aumento no vino acompañado de más custodios, médicos o infraestructura. El resultado es previsible: más hacinamiento, mayor tensión interna y un riesgo creciente de violencia.

En materia de salud, el panorama es alarmante, debido a que en varios centros no existe personal médico permanente ni atención especializada para mujeres, pese a la presencia de embarazos, niñas y niños viviendo con sus madres y enfermedades crónico-degenerativas sin seguimiento adecuado. La atención depende de instituciones externas, lo que retrasa diagnósticos y deja a la población penitenciaria en una vulnerabilidad constante.

A ello se suma la falta de personal de custodia, lo que deriva en turnos extenuantes, capacitación limitada y ausencia de protocolos claros en revisiones y sanciones son parte de la rutina. Incluso hay áreas de castigo cerradas con candado, sin supervisión adecuada, una práctica que contradice cualquier estándar mínimo en derechos humanos.

Aunque el informe menciona algunas mejoras aisladas, como trabajos de pintura o rehabilitación de drenaje, estas acciones resultan marginales frente a la magnitud del problema. En los hechos, el documento desmonta el discurso oficial de transformación y exhibe un sistema penitenciario rebasado, sin recursos suficientes y con una deuda profunda con miles de personas privadas de la libertad.

Bajo la administración de Julio Ramón Menchaca Salazar, las cárceles siguen siendo espacios donde la reinserción social es más un eslogan que una política pública efectiva, la falta de decisiones de fondo mantienen al sistema penitenciario en una crisis permanente que, hasta ahora, el gobierno estatal no ha sabido ni querido resolver.

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