Gobernabilidad a prueba

México entra en la antesala de 2026 con una variable decisiva sobre la mesa. Lo que está en juego es la gobernabilidad. No hay colapso, pero sí una prueba práctica sobre la capacidad del Estado para ofrecer certidumbre, ejecutar acuerdos y sostener la confianza social y empresarial en medio de un entorno más exigente dentro y fuera del país. 

La revisión del T-MEC es parte de los indicadores de confianza. Los grandes corporativos de Norteamérica han advertido que la erosión del Estado de derecho, la incertidumbre regulatoria y la politización judicial “afectarán negativamente el clima de inversión”. Aunque han evitado el término gobernabilidad, han señalado sus componentes esenciales como la independencia institucional, la previsibilidad y la confianza.

Estas advertencias se han reiterado en documentos formales dirigidos a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y en foros empresariales de la región. En ellos, los CEOs de la Business Roundtable, que incluye a firmas como Apple, JPMorgan, General Motors y FedEx, han insistido en que la estabilidad jurídica, la previsibilidad regulatoria y la independencia judicial son condiciones imprescindibles para sostener la inversión de largo plazo en México.

Sin reglas claras ni instituciones confiables, la oportunidad de nuevas inversiones se debilita. El llamado “riesgo regulatorio” es, en la práctica, una prueba de gobernabilidad.

Ese examen externo coincide con tensiones internas. Un huracán con daños extensos en Veracruz puso a prueba la capacidad de respuesta institucional. Decenas de municipios quedaron afectados, comunidades incomunicadas, refugios activados. La violencia política escaló con asesinatos de autoridades locales y operadores comunitarios, confirmando que amplias zonas del país viven bajo una gobernanza fragmentada. 

A ello se suman protestas sectoriales que afectan gravemente operaciones logísticas y productivas, transportistas paralizaron tramos clave por denuncias de desapariciones y asaltos; productores de maíz de múltiples estados bloquearon carreteras para exigir precios de garantía acordes con sus costos, con su negativo impacto en la tranquilidad y convivencia ciudadana. Estos episodios no son aislados. En conjunto delinean un mapa de riesgo de gobernabilidad que la economía ya venía anunciando.

Los indicadores internos lo confirman. El crecimiento se ubicó en terreno negativo en el tercer trimestre del año, la confianza empresarial ha navegado por debajo del umbral de expansión y el empleo formal se desaceleró respecto del año previo. Los inversionistas perciben la prudencia de quienes postergan decisiones hasta ver señales de estabilidad regulatoria. La ventana del nearshoring sigue abierta. Su continuidad depende de una gobernabilidad efectiva. Las ventajas logísticas existen. Pero sin control territorial, justicia confiable y previsibilidad jurídica, pierden valor.

La economía entra en 2026 con presiones que ya hemos señalado en este espacio: presiones inflacionarias, contracción industrial, inseguridad territorial, presión fiscal, empleo formal debilitado y un endeudamiento que exige disciplina. Estos factores también condicionan la gobernabilidad en la medida que se traduzcan en presiones sociales.

La revisión del T-MEC será una prueba de credibilidad ante los mercados y los gobiernos socios. Los representantes empresariales de Estados Unidos han pedido fortalecer los mecanismos de solución de controversias y evitar que decisiones políticas vulneren la seguridad jurídica prevista en el tratado. 

La salida exige ajustar el modelo, menos dependencia del gasto y del endeudamiento, más inversión productiva con reglas claras, desregulación inteligente, infraestructura y energía confiables, y una política de seguridad que recupere territorios y reduzca el costo logístico del crimen. 

El empleo formal y la productividad no despegan por decreto. Requieren certidumbre, financiamiento y cadenas de valor donde las MiPyMEs se integren plenamente con contenido regional.

Nada de esto será sostenible si se concibe como imposición vertical. La gobernabilidad requiere más que el poder político. Depende de un pacto funcional entre Estado, ciudadanía, sector productivo e instituciones intermedias. Cuando alguno de estos actores queda fuera, el sistema pierde equilibrio. Reconstruir la confianza exige una interlocución más técnica y menos ideológica. Reglas estables, justicia profesional, políticas verificables de seguridad logística y una narrativa de Estado que convoque a la cooperación.

Para superar esta etapa, el país necesita mirar hacia adelante. No basta con administrar la inercia o culpar al pasado. Es momento de corregir, ajustar y decidir con visión de futuro. La estabilidad no se preserva negando los desafíos, sino enfrentándolos con realismo y apertura. Los ajustes en la conducción política son necesarios para sortear los riesgos de ingobernabilidad.

México debe presentarse con hechos verificables. Indicadores de control territorial, metas de inversión en infraestructura estratégica, protocolos binacionales de inteligencia contra el crimen y un calendario creíble de reformas que fortalezcan el Estado de derecho. Con estos elementos, la gobernabilidad puede dejar de ser un tema defensivo y podrá convertirse en activo estratégico.