Exigen tipificar delito contra reclutadores de niños y adolescentes

Diputados de Morena y PT reclamaron la creación de un tipo penal específico contra el reclutamiento forzado, al considerar que no basta con endurecer el castigo de prisión en materia de corrupción de niñas, niños y adolescentes para actividades violentas asociadas con el crimen organizado. 

Criticaron la resistencia que hay en las fiscalías del país para afrontar esa realidad. 

La propuesta de elevar las penas de 10 a 20 años de prisión se presentó anoche en la Comisión de Justicia, y fue votada por unanimidad por los 35 legisladores presentes.

Pero en el debate prevalecieron los cuestionamientos por no haber tomado en cuenta las iniciativas que buscaban establecer un marco jurídico específico en contra del reclutamiento forzado.

El dictamen se sustentó en 17 propuestas, varias de ellas se retiraron del documento, ante el compromiso del presidente de la instancia legislativa, Julio César Moreno (Morena) de que se establecerán mesas de trabajo para formular el tipo penal reclamado.

Los diputados Leonel Godoy (Morena) y Ricardo Mejía Berdeja y Lilia Aguilar Gil (PT) solicitaron posponer la votación del dictamen para que éste fuera reformulado y se atendiera de fondo el problema.

Guillermo Anaya y Margarita Zavala del PAN argumentaron que estarían de acuerdo con esa medida, siempre y cuando no quedara en el olvido; alegaron que la reforma que finalmente se sometió a votación representa un avance en la materia. 

El presidente de Comisión avaló esta última postura.

Por la mañana la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Kenia López Rabadán (PAN) celebró la actualización, recordando que actualmente la pena es de 7 a 12 años. 

Consideró la legisladora que al incrementarse de 10 a 20 años la penalización, y subir la multa de mil a veinte mil días, la reforma al artículo 201 del Código Penal Federal permitirá proteger a niñas, niños y jóvenes.

“Esta mayor rigidez es importante porque hemos visto cómo los jóvenes, lamentablemente, son utilizados por el crimen organizado y a esos criminales que lastiman el presente y el futuro de los jóvenes se les debe sancionar. Estamos hablando de una sanción mucho más alta de la que actualmente se tiene hoy”, celebró la diputada presidenta. 

NIÑOS SICARIOS, FRACASO COLECTIVO

Si bien la intención original de la mayoría de las propuestas era agregar un tipo penal contra el delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, en el documento se precisa que esa conducta ya se encuentra contenida en otros ordenamientos. 

El presidente de la comisión aclaró que se determinó lo anterior después de consultar el caso con fiscalías, concluyendo que debía evitarse la duplicidad de ordenamientos con los mismos delitos y castigos. 

“El crimen organizado no sólo roba dinero, roba futuros; cada niño que recluta el crimen es un fracaso colectivo”, expuso la diputada Tania Palacios (PAN) durante el debate en la Comisión de Justicia. 

Aunque respaldó el avance conseguido, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) lamentó que no se hubiera creado el tipo penal de reclutamiento forzado, argumentando que la gravedad del problema ameritaría establecerlo así. 

El también ex subsecretario de Seguridad federal enfatizó que la situación afecta también a victimas universitarias. 

“Vamos a insistir en el delito de reclutamiento forzado porque es un lastre que estamos cargando y al que recurre la delincuencia organizada”, adelantó Mejía Berdeja. 

REFORMA ARTICULO 201

El cambio al Artículo 201 de ese ordenamiento busca endurecer el castigo a la corrupción de niños, niñas y adolescentes en el caso del reclutamiento forzado para la comisión de algún delito o formar parte de alguna organización delictuosa. 

Actualmente dicho precepto señala que “comete el delito de corrupción de menores, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar” los citados delitos. 

Las sanciones se aplicarán cuando los menores sean inducidos a participar en esas conductas ya tipificadas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En la exposición de motivos se analizan documentos de la CNDH y diversas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se incluye una precisión sobre actividades que no podrán considerarse actos de corrupción. 

“No se entenderá por corrupción de menores, los programas preventivos, educativos o de cualquier índole que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente; las fotografías, video o grabaciones, audio grabaciones o las imágenes fijas o en movimiento, impresas, plasmadas o que sean contenidas o reproducidas en medios magnéticos, electrónicos o de otro tipo y que constituyan recuerdos familiares”, se indica en el documento. 

INICIATIVA PLURAL

El proyecto de dictamen se sustenta en iniciativas de representantes de Morena (Karina Martínez), PAN (Ania Gómez, Guillermo Llamas, Héctor Saúl Téllez), PVEM (Delia María González Flandez), PT (Ricardo Mejía Berdeja) y PRI (Rubén Moreira, Miguel Alonso). 

Se trata de la modificación de un solo artículo del Código Penal Federal. 

“Cuando los actos señalados en los incisos d) y e) se relacionen o contribuyan con los delitos que contempla el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se impondrá una pena de diez a veinte años de prisión, y multa de mil a veinte mil días”, se precisa en la redacción que se agrega al Artículo 201 del citado Código. 

Los incisos d) y e) se refieren a la comisión de algún delito y a formar parte de una asociación delictuosa, respectivamente.