Exalcalde acusa uso político de la justicia en Veracruz

El exalcalde de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, solicitó formalmente la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras denunciar una presunta estructura de persecución institucional en Veracruz.

A través de una carta pública, el empresario veracruzano señaló a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Poder Judicial local de operar mecanismos para mantenerlo en prisión de forma ininterrumpida. Según el documento, el exservidor público ha sido objeto de detenciones sucesivas, las cuales calificó como un patrón de criminalización que incluye el uso de carpetas de investigación fabricadas.

Acusaciones de tortura y reciclaje penal

Gómez Martínez detalló en su misiva que el proceso en su contra ha estado marcado por irregularidades desde su inicio en 2021. El exalcalde asegura que, tras obtener diversos amparos federales que invalidan las pruebas presentadas por el Ministerio Público estatal, la autoridad local ejecuta nuevas órdenes de aprehensión de manera inmediata para evitar su liberación.

La defensa técnica del exfuncionario describe este fenómeno como un "reciclaje penal". En la denuncia dirigida al Ejecutivo Federal, se menciona que durante su detención inicial por elementos de la Fuerza Civil, Gómez Martínez habría sido víctima de tortura y desaparición forzada transitoria con el objetivo de forzar una autoincriminación.

Cronología de procesos judiciales

El historial delictivo imputado a Gómez Martínez comenzó en 2021, bajo el cargo de ultrajes a la autoridad —tipo penal que posteriormente fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— y posesión de armas de fuego.

En el año 2023, la justicia federal le concedió un amparo al acreditarse la fabricación de pruebas en su contra. No obstante, al momento de egresar del centro penitenciario, fue reaprehendido por la presunta autoría intelectual de un homicidio. En este último caso, otros implicados, como una exdiputada federal y su colaboradora, ya fueron puestas en libertad tras un año de proceso.

A principios de 2026, la situación jurídica del exalcalde sumó nuevas carpetas. Tras un periodo bajo la medida cautelar de resguardo domiciliario, fue ingresado nuevamente a un centro de reclusión por una acusación de supuesta "fuga de combustible". Ante la falta de pruebas para sostener dicha imputación, la Fiscalía veracruzana ejecutó una nueva orden por un presunto despojo ocurrido en el año 2020.

Los abogados de Gómez Martínez sostienen que el delito de despojo no amerita prisión preventiva oficiosa conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Argumentan que la insistencia en mantenerlo en prisión preventiva justificada obedece a una consigna política y no a criterios estrictamente jurídicos.

La carta enviada a Palacio Nacional hace un llamado a la revisión del actuar de los jueces de control en Veracruz, a quienes se acusa de desatender sistemáticamente las resoluciones de los tribunales colegiados y jueces de distrito. 

RLO