EU deporta a México a protegidos por riesgo de tortura
De acuerdo con una investigación del diario The New York Times, la medida se concretó tras consultas y garantías diplomáticas otorgadas por la Cancillería mexicana
La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a México, después de consultar con la Cancillería mexicana, a un grupo de personas que pudieran sufrir torturas si los regresaban a su país, informó este sábado el diario The New York Times.
Se trata de solicitantes de refugio que hasta ahora tenían protección ante deportaciones porque habían demostrado en tribunales que, de regresarlos a México, enfrentarían torturas por parte de grupos narcotraficantes o del crimen organizado.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) omitió proporcionar detalles como el número de personas deportadas o las razones específicas por las cuales inicialmente se les había otorgado protección judicial; sin embargo, sostuvo que “este grupo de extranjeros incluía a miembros de bandas, narcotraficantes, un violador de menores y un asesino”.
Por su parte, la Cancillería mexicana informó en un comunicado: “Si estas personas completaron sus procesos legales en un país extranjero, procede su retorno a nuestro país. Como con cualquier otra persona, se va a revisar si en México tienen una orden penal vigente y, de ser así, se procederá conforme a la ley. En México la tortura está prohibida por la Constitución, las leyes y por los tratados internacionales de los que somos parte”.
Sin embargo, la mayor organización civil legal en Estados Unidos expresó preocupación y extrañeza por el caso, advirtiendo que podría sentar un precedente para otros expedientes de refugio de diversas regiones del mundo.
“El uso de garantías diplomáticas para enviar a alguien de vuelta a su país de origen a pesar de una conclusión previa de que sería torturado allí es algo que rara vez se ha hecho y hemos argumentado con éxito que el individuo debe tener la capacidad de poner a prueba la garantía”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Agregó además que “que los funcionarios del ICE decidan unilateralmente que la garantía es creíble resulta indignante e inconstitucional”.
Asimismo, el grupo Human Rights First expresó máxima preocupación por la integridad física de los deportados al regresar al entorno del cual huyeron: “Si sus solicitudes de protección se basaron en cierta probabilidad de tortura por parte de los cárteles o el crimen organizado, entonces existe el riesgo de que los desaparezcan a su llegada”, advirtió Robyn Barnard, vicepresidenta de derechos de los refugiados e inmigrantes de la organización.