Hace cien años el presidente Plutarco Elías Calles mandó publicar una ley con el propósito de borrar todo vestigio de la Iglesia católica de la vida de los mexicanos, cortando de raíz su existencia en nuestro país y prohibiendo su práctica y propagación.
Renovando al extremo el espíritu anticlerical del siglo XIX, se imponía al pueblo con renovada inquina una larga serie de reglamentaciones, de restricciones al culto de las iglesias y de toda la actividad del clero.
Con el cierre de los templos como respuesta de la Iglesia se desató una fuerte reacción popular contra el gobierno. En muchas partes del país, pueblos enteros, particularmente en el Bajío, se levantaron en armas para oponerse a la arbitraria ley. Al grito de “¡viva Cristo Rey!” se organizó un ejército y Enrique Gorostieta Velarde fue contratado con grado de general para encabezarlo.
El país sufrió la Guerra Cristera durante tres años, hasta 1930 en que más de 200 mil combatientes y civiles murieron. Iglesias y conventos saqueados, incendiados y cerrados, y sacerdotes, monjas y laicos encarcelados o fusilados sin previo juicio, a veces por instrucciones del propio Calles, como fue el caso del padre Miguel Agustin Pro. La cruel persecución de católicos hizo famoso a México en todo el mundo.
Eran tiempos de los gobiernos socialistas de Garrido Canabal en Tabasco y de Carrillo Puerto en Yucatán. El presidente Calles empeñó su sexenio en la cruel persecución anticlerical. En 1925 fundó la Iglesia Católica Apostólica Mexicana para romper lazos de obediencia con el Vaticano y establecer una iglesia nacionalista mexicana alineada con el gobierno revolucionario. Encargó al descalificado sacerdote Pérez ser su patriarca.
La personalidad de Calles como el constructor de las instituciones de la Revolución de 1910 y fundador del Banco de México contrasta con su actitud contra la religión católica. Su decisión llevó al país a una etapa muy negra de su historia. Los desmanes de la Revolución de 1910 tienen su explicación y anecdotario. No así la irracionalidad del ataque frontal contra la institución arraigada al alma y tradición como parte de la vida del pueblo. Los gobiernos posteriores del PRI han escondido discretamente sus acciones.
El anticlericalismo ejercido por Calles fue réplica del liberalismo extremo de la ley Lerdo de junio de 1856. Su obsesión contra la institución más arraigada en la vida del pueblo la ejerció con todo su poder de jefe máximo.
La Cristiada como defensa de la religión y de la Iglesia católica afectó la vida diaria de todos los mexicanos, no sólo durante la guerra fratricida, sino que influyó en la manera de ver la vida nacional. Se registró un cambio de actitud frente a todo lo que concierne la vida diaria.
El pueblo de México no recibe del gobierno orientación sobre la conducta en sus tratos dentro de la sociedad. De la burocracia no se recibe orientación moral ni mucho menos la encuentra en los altos personajes de la política. El buen ejemplo no existe. Los principios de moral se han de tratar sólo en casa. Al ciudadano lo han acostumbrado a atenerse a sus pocas fuerzas y a sus débiles inclinaciones naturales. A eso se refiere la “austeridad republicana” que tanto se predica.
Pero el Estado concienzudamente laico ofrece a la población los principios de un “humanismo “centralizado en el poder. Carente de ubicación no hay linderos morales que le sirvan al ciudadano de referencia.
El México oficial no inspira a sus habitantes los anhelos que se cumplen con un comportamiento honesto. La honradez es concepto remoto y demasiado manoseado a lo largo de los años y sólo está presente en los discursos populistas. ¿Qué puede esperarse de un pueblo que observa los malos ejemplos de políticos que, salvo pocas excepciones, se ha dedicado a robar a manos llenas durante sus estadías en cargos públicos? Es lógico que el ciudadano tome nota y ejemplo de esa conducta tan lejana de los principios universales de honestidad.
La Cristiada fue una honda tragedia para el pueblo que comprobó que no puede tener confianza en el gobierno, que en cualquier momento y con cualquier pretexto es capaz de confrontarlo en la calle con las fuerzas del orden público.