¿Es posible construir seguridad con soberanía en México?

El debate sobre seguridad en México suele caer en dilemas mal planteados. Se exige una mano dura abstracta, como si bastara endurecer el discurso, o se sugiere que una fuerza externa hará el trabajo que no hemos sabido ordenar. El gobierno reiteró que la ruta no pasa por una intervención militar extranjera y que debe orientarse al fortalecimiento de capacidades propias y a una cooperación internacional respetuosa. Esa postura, más allá de la coyuntura política, obliga a lo esencial. ¿Qué modelo de seguridad necesita México para proteger a sus ciudadanos, a sus empresas y a su futuro económico?

La seguridad dejó de ser un tema acotado al orden público. Hoy es un determinante estructural de competitividad. Sin seguridad no hay inversión, empleo, nearshoring, desarrollo regional ni movilidad social. Las empresas deciden dónde producir y mover mercancías por estabilidad, certeza jurídica y capacidad de proteger personas, cadenas logísticas, información y reputación.

En ese contexto, pensar que todo se resuelve con más presencia militar o con decisiones centralizadas es una simplificación peligrosa. La experiencia internacional apunta a ecosistemas de seguridad. Policías cercanas y capacitadas, coordinación efectiva entre municipios, estados y federación, fiscalías con capacidades técnicas y un sistema penal funcional. La legitimidad se construye con Estado de Derecho, sin tintes políticos ni privilegios indebidos, y con una ciudadanía que exige resultados y rendición de cuentas. 

Ese ecosistema parte de una premisa irrenunciable. La seguridad es una obligación primaria del Estado y se mide por su capacidad para prevenir, investigar y sancionar. La corresponsabilidad social y empresarial acompaña, exige y fortalece, pero no reemplaza ni diluye el deber público.

Ese aprendizaje incluye prevención y convivencia urbana. Programas para jóvenes, recuperación de espacios y atención a adicciones funcionan cuando se respaldan con cumplimiento de la ley, orden público y respuesta rápida en las zonas de mayor riesgo. También requiere modernizar la infraestructura penal y cerrar brechas que hoy alimentan la impunidad.

En este marco, la seguridad privada profesional juega un papel que suele subestimarse. Bajo conducción pública, con reglas claras y supervisión efectiva, puede aportar capacidades complementarias. Las empresas formales, certificadas y reguladas ofrecen vigilancia, información preventiva y talento especializado. Bien articuladas, permiten crear frentes de seguridad con autoridades y comunidades, elevan estándares, fortalecen la prevención y la respuesta ante delitos complejos.

Pero esto solo funciona cuando el sector privado de la seguridad se asume como parte de la solución. Profesionalización, ética, capacitación continua, certificaciones, inversión en inteligencia, trazabilidad operativa y cumplimiento normativo son la base para que sea confiable y legítimo. El papel de las empresas de seguridad privada es estratégico para proteger vidas, infraestructura crítica y cadenas de suministro.

Es necesario continuar con la reducción de los índices delictivos, pero hoy es imprescindible disminuir la incertidumbre del inversionista, del transportista en carreteras riesgosas, del emprendedor que abre una sucursal y del trabajador que regresa a casa. Los datos recientes muestran una paradoja. Hay descensos en algunos delitos, mientras crecen presiones que golpean directamente la economía, con control de territorios y extorsión persistente, narcomenudeo en aumento, robos cotidianos y un drama de desapariciones concentrado territorialmente que exige priorización, coordinación y seguimiento imparcial de resultados.

Por eso, más que discutir si la solución viene de fuera o se impone desde arriba, México necesita fortalecer capacidades internas. Mejores policías, fiscalías y jueces, mejores sistemas de información y también mejores empresas de seguridad privada, reguladas con homogeneidad, supervisadas con firmeza y articuladas con la autoridad. La soberanía no significa aislamiento, significa capacidad.

Desde el sector empresarial existe responsabilidad. Exigir seguridad, invertir en ella de forma responsable y colaborar con el Estado dentro de marcos claros. Impulsar denuncia segura, acompañar a víctimas, profesionalizar talento y sostener protocolos que permitan continuidad operativa. Cuando hay coordinación efectiva los incidentes bajan en corredores clave. Ese aprendizaje debe escalarse con decisión.

Hace más de tres décadas, en nuestra propia experiencia, entendimos que profesionalizar era el único camino sostenible. Por eso invertimos en capacitación, certificaciones y alianzas internacionales. No por imagen, sino porque la seguridad mal hecha genera falsa confianza, abuso, corrupción y riesgos mayores que terminan debilitando al sistema.

México no necesita más polarización en el debate. Necesita inteligencia, coordinación, profesionalismo y responsabilidad compartida. La seguridad es condición básica para la dignidad humana y para el desarrollo económico, sin la cual todo proyecto nacional se vuelve frágil.

En esa tarea, el liderazgo se mide por la capacidad de construir soluciones. La seguridad del futuro será estratégica, preventiva y colaborativa entre sector público, instituciones, sector privado y sociedad. Ese es el paradigma que debemos consolidar si aspiramos a un México más seguro, competitivo y justo.