En juego el futuro de la justicia en Yucatán

El juicio de alto impacto para todo México llega a su fase final en Yucatán. Este lunes 18 de agosto a las 17:00 horas, el Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento emitirá una resolución clave en el caso entre los empresarios Castilla Roche y Ponce García. 

La sentencia tiene el potencial de sentar un precedente sobre la prescripción penal, la validez de los poderes notariales y el peso de las declaraciones sin pruebas que las respalden. Se ha solicitado que autoridades federales como la presidenta Claudia Sheinbaum, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la CNDH sigan de cerca el desenlace, pues su alcance no se limita a lo local.

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El caso presenta elementos que acaparan el escrutinio. La querella en Yucatán se presentó en 2015, después de que el plazo legal de un año ya se había agotado en 2014, lo que sugiere que la acción penal podría estar prescrita.  Además, las operaciones se realizaron con un poder notarial de 2004, cuya vigencia se confirmó con constancias oficiales. Este detalle desarticula la idea de una representación inexistente. 

Durante las audiencias, los testigos mostraron contradicciones y no presentaron documentos de apoyo, un factor que eleva el estándar de prueba para condenar. 

Los dichos de cargo quedaron atravesados por contradicciones y carencia de respaldo documental o material. Con ese panorama, el estándar para desvirtuar la presunción de inocencia se vuelve más exigente: el tribunal deberá explicar si las declaraciones, por sí solas, satisfacen el umbral probatorio o si resultan insuficientes.

La situación se complica porque el caso ya tuvo tres resoluciones favorables para Castilla Roche en Quintana Roo, pero se reabrió en Yucatán con el inusual argumento de que el delito “se planeó en un avión”. El fallo se dará a conocer este lunes 18 de agosto a las 17:00 horas. Si el tribunal reconoce la prescripción, la validez del poder y la insuficiencia de las pruebas, enviará un claro mensaje de seguridad jurídica a todos. 

Si, por el contrario, minimiza estos elementos, se abrirá la puerta a un debate nacional sobre el debido proceso. En términos sencillos, el caso se define por tres hechos que llevan al mismo resultado: el tiempo legal ya venció y la acción penal prescribió; las operaciones se realizaron con un poder notarial válido y vigente; y las acusaciones no están respaldadas por documentos sino por testimonios que se contradicen. 

Si el tribunal atiende esos puntos, lo consistente en derecho es fallar que no se puede condenar fuera de tiempo, no se puede desconocer un mandato que estaba vigente y no se puede desvirtuar la presunción de inocencia con pruebas endebles.

Si el tribunal reconoce la prescripción conforme a derecho y pondera la validez del poder junto con la insuficiencia de prueba material, enviará un mensaje de seguridad jurídica y previsibilidad. Si, por el contrario, minimiza esos elementos sin argumentación sólida, se abrirá paso a impugnaciones y a un debate nacional sobre debido proceso y estándares probatorios. 

El desenlace definirá los límites del derecho penal, especialmente en controversias familiares que, a veces, se ventilan en los tribunales en lugar de buscar otras vías. 

El caso que hoy se define en Yucatán sirve de ejemplo de cómo un pleito entre particulares puede resonar a nivel nacional. “El fallo operará como referencia sobre los límites del derecho penal ante controversias intrafamiliares que podrían ventilarse por otras vías”, se lee en los documentos del expediente.

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fdm