En 17 años, SFP sólo ha inhabilitado a 28 servidores

La Auditoría Superior ha promovido 17 mil denuncias; las negligencias administrativas, las más castigadas

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De acuerdo con la SFP, las negligencias administrativas fueron las más castigadas, seguidas de la violación de leyes y normatividad presupuestal y violación a los procedimientos de contratación.

CIUDAD DE MÉXICO

De las 17 mil denuncias que ha promovido la Auditoría Superior de la Federación (AFF) ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 17 años, sólo 28 han terminado en la inhabilitación de servidores públicos por haber incurrido en irregularidades en el manejo de recursos.

Con base en una solicitud de información, la dependencia no precisó el número y tipo de sanciones impuestas desde 2000 hasta principios de noviembre de 2017; únicamente señaló los casos de quienes ya cuentan con una suspensión definitiva.

En la información entregada a Excélsior, se observa que las negligencias administrativas en las que incurrieron los funcionarios fueron las más castigadas (17), le siguen la violación de leyes y normatividad presupuestal (9) y dos son por violación a los procedimientos de contratación.

De acuerdo con el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), José Carreño Camacho, las sanciones firmes son aquellas de las que no procede ningún medio de impugnación.

Por ejemplo, recurso de revocación, juicio contencioso administrativo, juicio de amparo o habiéndose interpuesto uno de ellos, las resoluciones confirmen la legalidad de la sanción que se está imponiendo y con eso se declara la firmeza”, señaló.

En el caso de las resoluciones vigentes son aquellas que marcan el tiempo de inhabilitación del funcionario, es decir, no puede ser contratado, no puede ocupar un empleo, cargo o comisión dentro de la Administración Pública Federal.

La dependencia precisó que fueron inhabilitados cinco coordinadores de recursos financieros o materiales, siete directores de área o departamento, un especialista en hidráulica, cuatro gerentes de proyectos, cinco jefes de departamento, un supervisor de zona, un oficial mayor, tres subgerentes y un titular de área.

En la información aportada también se muestra un deficiente registro de datos, ya que, de acuerdo a la base de datos entregada, la hermana del exsecretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, Dolores Creel, concluyó una inhabilitación por diez años en febrero de 2017.

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Sin embargo, este dato es incorrecto, pues la exfuncionaria ya había sido exonerada en junio de 2010 de esta sanción, junto con una multa impuesta por 1.6 millones de pesos, por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

A la hermana del ahora presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PAN se le había responsabilizado de un daño al erario por la filmación de un video sobre Octavio Paz que no concluyó.

En promedio, cada 222 días, es decir, poco más de siete meses aproximadamente, la dependencia que ahora está a cargo de Arely Gómez ha resuelto sancionar por esta vía a los funcionarios.

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“CIFRAS IRRISORIAS”

De acuerdo con Sofía Ramírez Aguilar, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, los procesos internos de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria están tomando mucho tiempo.

Agregó que la cantidad de inhabilitaciones es una cifra “irrisoria”, pues las sanciones de este tipo se dieron a partir de 2007.

Además, indicó que después de 2008 comenzó un boom de promociones por parte de la Auditoría, es decir, “empezó a señalar a mucha gente, a más de mil 500 por año”.

Son números no comparables, la Auditoría acusó o denunció ante la SFP a mil 300 por año, aproximadamente, y la Función Pública sólo está inhabilitando entre tres o cuatro personas por año a partir de las denuncias de la ASF”, explicó la investigadora.

En tanto, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señaló que en los datos obtenidos por este diario se observa que la mayoría de las inhabilitaciones fueron impuestas a mandos medios, lo que, a su vez, refleja la necesidad de mantener una estadística pública y permanente en la Plataforma Nacional Digital del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Si la mejor política de prevención de la corrupción es incrementar el riesgo de ser sancionado, la estadística por sanciones federales derivadas de investigaciones de la ASF está lejos de producir ese efecto”, dijo.

*jci