Corte invalida decretos de pensiones ordenadas por Cuauhtémoc Blanco

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad de votos, invalidó de manera parcial dos decretos promulgados por el entonces gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con los que el Congreso estatal concedió el pago de pensiones por jubilación con recursos del Poder Judicial y de la Fiscalía morelense.

El Máximo Tribunal resolvió la controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del estado de Morelos, en contra de los decretos, cuyo proyecto estuvo a cargo de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra.

En la resolución, se instruyó al Congreso de Morelos para que asigne un presupuesto para que, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía del estado puedan pagar jubilaciones a dos exfuncionarios que cumplen con los requisitos para recibir el beneficio-

En su proyecto, la ministra ponente, Herrerías Guerra, consideró que los poderes Ejecutivo y Legislativo de Morelos vulneraron la división de poderes y la autonomía de Poder Judicial y de la Fiscalía, en materia de manejo del presupuesto, al ordenar disponer de recursos para fines que no les corresponden.

"El Congreso del Estado de Morelos dispuso de los recursos presupuestales del Poder Judicial de ese estado, lo cual trajo como consecuencia que se diera una subordinación y se transgredieran los principios de división de poderes y de autonomía presupuestal, previstos en el artículo 116, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues solo el Poder Judicial de esa entidad, le corresponde administrar, manejar y aplicar su propio presupuesto”, explicó la ministra Herrerías Guerra. 

Controversia constitucional impugnó el artículo 2 del Decreto 2172

La controversia constitucional impugnó el artículo 2 del Decreto 2172, con el que el Congreso local otorgó la pensión por jubilación a Eldai López López, ex actuaria de segunda instancia, adscrita a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, ordenando que el pago fuera cubierto con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin que este órgano diera su consentimiento.

“Al final, el Poder Judicial es quien debe cubrir la pensión porque es en donde prestó su servicio la persona afectada y el Congreso está vinculado para generar las acciones, darle la suficiencia presupuestaria, incluso, se tiene que presupuestar no sólo este año, sino año con año para garantizar este derecho”, comentó el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz. 

En la Controversia Constitucional 283/2024, promovida por la Fiscalía General del estado, se impugnó el Decreto 1983, que concedió la pensión por jubilación a Carlos Alberto Figueroa Vázquez, exprocurador fiscal durante el gobierno de Graco Ramírez.

El órgano autónomo quejoso argumentó que el decreto era inconstitucional, debido a que el Congreso de Morelos ordenó que el pago se hiciera con cargo a su presupuesto, lo que vulneró su autonomía e independencia financiera por no transferir los recursos suficientes.

jcp