Corrupción en mina salpica a políticos; hay familiares entre los implicados

Más allá de los problemas técnicos que pudieron provocar el derrumbe e inundación en la mina de carbón ubicada en el área conocida como Conchas, cerca de la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila, en donde siguen atrapados 10 mineros, las investigaciones deberán abarcar las denuncias de falta de inspección y la prevalencia de condiciones de desprotección y de explotación de los trabajadores mineros, lo que prevé que deberá conducir a complicidades entre funcionarios públicos involucrados en las concesiones, en contratos de usufructo y en la carencia de supervisión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a que “claro que vamos a fincar responsabilidades; pero lo primero es el rescate, lo que estamos haciendo. Ya inició la fiscalía la investigación para castigar a los responsables, los que tiene que ver con la mina…”.

En el ámbito político se reconoce la entidad ha estado gobernada por el régimen priista y, por su parte, Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, en voz de su líder, el senador morenista, Napoleón Gómez Urrutia, ha insistido públicamente en la necesidad de que se investiguen versiones de que los verdaderos propietarios de la mina son expresidentes municipales de Sabinas.

Tales versiones llevan a que según se reporta en la Secretaría de Economía, el título de concesión Número: 224534, otorgado desde 2001, aparece a nombre de Claudia María Iribarren González, que es madre de Claudia María Garza Iribarren, gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento en Sabinas.

El patrón que ha dado de alta a los trabajadores antes el Instituto  Mexicano del Seguro Social (IMSS), según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es Cristian Solís Arriaga.

Pero la dependencia también reporta otra concesión a nombre de Minera Pinabete, en donde aparecen como accionistas Héctor Villareal González y Héctor Villareal Beltrán; aunque los contratos del pozo están a nombre de Régulo Zapata Jaime, expresidente municipal de Sabinas, a cuya empresa Beneficios Carboníferos AJ, la Comisión Federal de Electricidad ha dado contratos por más de 250 millones de pesos.

La relación es que Claudia María Iribarren González es pariente de la esposa de Zapata Jaime, misma que también es exalcaldesa de Sabinas, Martha Carolina Morales Iribarren misma que el gobernador Miguel Riquelme la nombró subsecretaria del Trabajo en la entidad.

De acuerdo con analistas, todo lo anterior conduce a una maraña de relaciones y complicidades que terminaría por atrapar al gobernador de la entidad.

Por otro lado, de acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, en la zona hay alrededor de cinco mil trabajadores mineros que trabajan sin condiciones de seguridad e incluso inhumanas.

La versión respecto de la poca participación del sindicato en el caso de la mina de Sabinas, independientemente de que asegurar que se ha brindado apoyo en donde los 10 mineros siguen atrapados, es que esos trabajadores de la carbonífera no están afiliados a esta representación, además de que es personal temporal y sobreexplotado, con bajos salarios.

De acuerdo con Armando Alatorre, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, es común que los concesionarios y quienes explotan las minas no sean los mismos.

Destacó desde el punto de vista técnico, es evidente que hubo alguna falla en la parte de prever lo que podría pasar, lo que no permitió evitarlo ni reaccionar de manera rápida. Comentó que la autoridad laboral cuenta con una norma específica en cuanto a la seguridad y que, por lo tanto, también debe existir un encargado que supervise en cumplimiento de la norma. Pero que hasta el momento se ignora si hubo o no tal supervisión.

Versiones del Colectivo Pasta de Conchos han señalado la falta de seguridad y de condiciones adecuadas para los trabajadores mineros.