El jueves 11 de junio, México inaugurará el Mundial ante los ojos del planeta. Y México también, simultáneamente, se manifestará ante esos mismos ojos. No es casualidad. Es una apuesta calculada por quienes saben que la única moneda que el poder entiende es la vergüenza pública a escala global.
Madres buscadoras, maestros de la CNTE, pensionados de Pemex y la CFE, organizaciones de transportistas, campesinos, trabajadores de la salud y colectivos ciudadanos han convocado a una megamarcha pacífica rumbo al Estadio de la Ciudad de México, donde Claudia Sheinbaum ha apostado toda su narrativa de modernidad y estabilidad. Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se sumaron a la jornada. Exigen un encuentro con las autoridades federales en Gobernación para el 12 de junio. Son demasiados frentes para ignorarlos. Son demasiados frentes para reprimirlos. Y ésa es, exactamente, la trampa. La CNTE ha calificado el torneo como “una ventana al mundo” y planea manifestarse con pancartas, lonas y materiales traducidos a distintos idiomas para los turistas internacionales. No es vandalismo, es narrativa. Los maestros aprendieron hace tiempo lo que los gobiernos tardan décadas en entender: que una imagen vale más que un comunicado, y que una imagen frente a ochenta mil extranjeros vale por toda una legislatura. Los padres de Ayotzinapa sostienen que, a pesar de cinco reuniones con Sheinbaum, no se ha avanzado nada en el caso. Doce años de impunidad no se negocian con buenas intenciones a tres días de la inauguración.
El gobierno federal enfrenta un tablero imposible de jugar limpio. Sheinbaum advirtió que ciertos sectores buscan generar confrontaciones para proyectar una imagen negativa de México ante la comunidad internacional, y bloqueó los alrededores del Zócalo “para no caer en provocaciones”. El diagnóstico no está mal. La estrategia, en cambio, tiene un defecto estructural: quien llega a la mesa con demandas legítimas —pensiones, desaparecidos, salarios— no es un provocador, aunque marche en el peor momento para el anfitrión. Llamarlos provocadores sin atender sus causas es la mejor forma de convertirlos en mártires ante las cámaras del mundo. Los escenarios son tres y ninguno es cómodo. El primero: el gobierno contiene, despliega y la imagen que recorre el mundo es la de granaderos junto a madres con fotos de sus hijos. Los propios convocantes lo anticiparon: “Si mandan granaderos, el mundo lo va a ver. Si encapsulan ciudadanos, el mundo lo va a ver”. Ese escenario no lo sobrevive ningún relato de éxito mundialista. El segundo: el gobierno cede en horas lo que no cedió en meses, lo que es políticamente costoso en términos de credibilidad y abre la puerta a que cualquier gremio aprenda que el Mundial es palanca. El tercero —el único viable— es el que debió construirse hace semanas: mesas de negociación reales, compromisos escritos, interlocutores con capacidad de decisión y un canal abierto con Ayotzinapa que no dependa del calendario futbolístico para activarse.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 56 mil 320 policías para las actividades relacionadas con el Mundial. El músculo operativo está. Lo que falta es la inteligencia política para entender que desplegar 56 mil policías frente a madres buscadoras vestidas de blanco no es seguridad: es el peor spot que México podría transmitir en el partido inaugural de su propia fiesta.
El Mundial llegó en el peor momento. O en el mejor, dependiendo de qué lado de la marcha se esté. México no puede ser sede del torneo más visto del planeta y, al mismo tiempo, seguir sin responder por sus desaparecidos, sus pensiones y sus maestros en paro. No porque el futbol y la política no deban mezclarse —se mezclan siempre, en todas partes—, sino porque la contradicción, cuando es tan obvia y tan enorme, deja de ser política y se convierte en vergüenza nacional transmitida en vivo. Demasiados frentes. Y todos, en el fondo, apuntan al mismo lugar.
ADDENDUM
Lo que será una tragedia es que el reclamo profundo de las madres buscadoras termine subsumido en la lógica de negociación corporativista y con tintes de extorsión de una Coordinadora que lleva décadas convirtiendo el dolor ajeno en capital político propio.