Acusan al Ejecutivo de utilizar veto de bolsillo

A pesar de estar prohibido en la Constitución desde 2008, el Ejecutivo federal revivió el llamado “veto de bolsillo” sobre 16 decretos de reformas que aprobó el Congreso de la Unión desde hace un mes, porque tiene un cálculo político, expusieron los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa en el Senado, sede de la Comisión Permanente, Rubén Moreira informó que, extrañamente, el Ejecutivo federal ha postergado sin explicación la publicación de decretos que supuestamente les urgían.

Junto con Jorge Romero, líder de los diputados del PAN, Rubén Moreira dijo que una vez que se publiquen las reformas al amparo y a la amnistía, que son algunas de las retrasadas por el Ejecutivo federal, serán impugnadas de inmediato en tiempo y forma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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El viernes, Excélsior reveló que son 16 los decretos que el Ejecutivo federal tiene detenidos y no ha publicado en el Diario Oficial de la Federación; de los cuales tres ya debieron ser publicados por orden de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dado que ya se vencieron todos los plazos constitucionales.

Sin embargo, ayer, la presidenta de la Comisión Permanente, Ana Lilia Rivera, no amitió ninguna orden para que entren en vigor las reformas que tiene el Ejecutivo federal desde el 10 de abril.

Los coordinadores parlamentarios opositores en la Cámara de Diputados explicaron que son cautos en la exigencia de que el Ejecutivo federal o la Comisión Permanente publique los decretos que tiene parados, porque el oficialismo es experto en distorsionar la realidad y no quieren que utilicen un pretexto para atribuir una responsabilidad a la oposición que no tiene.

Rubén Moreira y Jorge Romero dejaron en claro que ya preparan las acciones de inconstitucionalidad en contra del decreto que mutila el derecho de amparo, al eliminar la suspensión provisional y los efectos generales de la misma, y en contra de que el Presidente de la República tenga la facultad de liberar a presos que él considere, sin pasar por ningún otra instancia del Estado mexicano.

Los temas de esos tres decretos que el Ejecutivo federal no publicó y ya vencieron los plazos; son reformas para el fomento en los menores de edad de la cultura del respeto al medio ambiente y a los animales; el lenguaje inclusivo en la Ley de Migración y la actualización de normas de dependencias federales en la Ley de Inversión Extranjera.

El jueves 23 de mayo venció el plazo de veto presidencial para la reforma en materia de documentos de acreditación de nacionalidad mexicana, pues el Ejecutivo federal la tiene desde el 23 de abril y ahora tiene hasta el 2 de junio para publicarla; de no hacerlo, el Congreso de la Unión ordenará su promulgación.

El viernes 24 de mayo venció el plazo de 30 días para que el Ejecutivo Federal pueden hacer observaciones a la reforma a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de “suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales”, que generó una fuerte y amplia discusión y críticas, porque diversos especialistas la consideran la anulación de facto del avance en materia de amparo que tuvo México desde 2011, en protección a las minorías que no pueden acceder al amparo.

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