Acoso sexual y silencio oficial dentro del gobierno de Hidalgo

La administración de Hidalgo a cargo del gobernador Julio Ramón Menchaca Salazar cerró el último balance oficial con una cifra que incomoda y exhibe fisuras profundas en el discurso de ética pública: 64 denuncias por acoso y hostigamiento sexual y laboral, acumuladas en 13 dependencias del gobierno estatal.

Las carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado, iniciadas por personal de distintas áreas, revelan prácticas reiteradas de abuso de poder en oficinas donde, al menos en el papel, se presume un compromiso con la dignidad laboral.

Opacidad en investigaciones

De acuerdo con la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI), adscrita a la Contraloría, documentó que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 un total de 36 denuncias por hostigamiento laboral, 10 por acoso laboral, tres por hostigamiento sexual y otras tres por acoso sexual.

En 12 casos, ni siquiera quedó clara la conducta denunciada, un dato que habla del desorden administrativo, como de la opacidad con la que se procesan estos señalamientos dentro de la administración de Menchaca Salazar.

Secretaría de Educación de Hidalgo encabeza denuncias de acoso

El foco rojo se enciende en el sector educativo. El Instituto Hidalguense de Educación acumuló 25 denuncias, mientras que la Secretaría de Educación Pública estatal sumó 10. En conjunto, más de la mitad de los casos se concentran en instancias que deberían ser ejemplo de formación, respeto y legalidad. La contradicción es evidente y, para muchos trabajadores, difícil de digerir.

Otras dependencias tampoco están exentas. La Secretaría de Infraestructura Pública y la Secretaría de Gobierno registraron siete denuncias cada una. La Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de Justicia y la Universidad Politécnica de Energía reportaron tres asuntos respectivamente.

Instituciones educativas en la lista de dependencias señaladas

A la lista se agregan, con un caso cada una, el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA), el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTEH), la Secretaría de Medio Ambiente, el Sistema DIFH, el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos y la Oficialía Mayor.

Como respuesta institucional, la UEEPCI levantó actas administrativas contra las personas señaladas, con el apercibimiento de que una reincidencia derivaría en la terminación de la relación laboral. Además, los casos que implicaron violaciones a los códigos de ética y conducta fueron turnados a las autoridades competentes para la apertura de investigaciones administrativas y, en su caso, penales.

Sin embargo, el alcance real de estas medidas sigue siendo una incógnita para las víctimas, muchas de las cuales optan por el silencio ante el temor de represalias de los funcionarios que siguen laborando bajo la protección de sus directivos.

Sanciones contra acoso y hostigamientos sexual no se cumplen en Hidalgo

La actual administración, creó el denominado “Protocolo Cero” en Hidalgo es un acuerdo del Poder Ejecutivo Estatal para prevenir, atender y sancionar el acoso y hostigamiento sexual y/o laboral en la Administración Pública, promoviendo una cultura de igualdad de género y cero tolerancia a la violencia, mediante procedimientos claros para la denuncia, investigación y protección de víctimas, con el objetivo de crear un clima laboral seguro y respetuoso, algo que no se cumple en la práctica.

Cabe destacar que el denominado “Protocolo Cero” establece que la difusión del concentrado de denuncias del 2025, debe realizarse, a más tardar, el primer día hábil de marzo del presente año.

La fecha está cerca y la expectativa crece, se esperan resultados, sanciones claras y, sobre todo, un cambio de fondo en una administración que prometió transformar las prácticas del pasado, pero que hoy enfrenta el peso de sus propias omisiones, omisiones que protege y encubre el gobernador Julio Ramón Menchaca Salazar.