Italia entendió algo que muchos Estados aún se resisten a asumir: el crimen organizado no sobrevive por la fuerza de las armas, sino por la rentabilidad del negocio.
Durante años, la respuesta institucional frente a la mafia se concentró en capturar ejecutores y líderes visibles. Pero cada capo detenido era reemplazado. Cada sicario abatido era sustituido. La estructura permanecía intacta porque el flujo financiero seguía operando.
Italia comprendió que el crimen organizado es un sistema económico ilegal vinculado a la corrupción. El verdadero giro estratégico ocurrió cuando el Estado decidió elevar el costo no sólo para quien dispara, sino para quien gana dinero con el disparo.
La legislación antimafia e instituciones creadas permitieron perseguir la pertenencia a la estructura mafiosa en sí misma. Pero lo decisivo fue el desplazamiento del eje: de los delitos violentos hacia los beneficiarios económicos.
Empresas fachada, redes de lavado, contratos simulados, intermediarios financieros, empresarios complacientes. La mafia no era únicamente un grupo de hombres armados; era una arquitectura económica compleja.
Por eso Italia fortaleció su Policía Financiera, especializada en rastreo patrimonial, operaciones bancarias y movimientos corporativos. El mensaje dejó de ser punitivo y pasó a ser estructural: quien participe del circuito económico criminal pagará un precio. Y a los sistemas se les derrota asfixiando su rentabilidad, por ello fortaleció la figura del decomiso, que permite confiscar los bienes del presunto delincuente sin que medie sentencia condenatoria, cuando estos son consecuencia de hechos de corrupción en contra de la administración pública, así, la figura se convierte en obligatoria dejando de ser opcional para encarcelar y desmontar el modelo de negocio.
Mas de 20 mil bienes confiscados se convirtieron en herramienta central. Y aquí radica uno de los elementos más poderosos del modelo italiano: los activos no quedaban en el limbo administrativo ni eran absorbidos sin destino social. Se reutilizaban.
Bienes decomisados se transformaron en cooperativas agrícolas, centros culturales, instalaciones públicas. El dinero ilícito dejó de financiar intimidación y comenzó a fortalecer comunidades. El golpe fue doble: debilitó el músculo económico mafioso y legitimó la acción del Estado ante la sociedad.
Paralelamente, fortaleció sus políticas de protección a denunciantes compungidos de las mafias con cambios de identidad, reubicación de personas, asistencia financiera, reducción de penas, programas como Libres para Elegir buscaron romper el ciclo generacional de la criminalidad, alejando a menores de entornos familiares mafiosos. Porque Italia comprendió que el combate no era únicamente penal, sino cultural.
La sociedad civil organizada jugó un papel determinante. La cultura de legalidad se convirtió en práctica social.
El resultado fue profundo: la mafia dejó de ser un poder alternativo que disputaba territorio político. Persiste la delincuencia, sí. Pero perdió capacidad de desafiar frontalmente al Estado.
Cuando un líder criminal es capturado y extraditado, ¿qué ocurre con los activos financieros derivados de sus operaciones? ¿Qué sucede con las redes empresariales que facilitaron su expansión? ¿Cuántos beneficiarios económicos enfrentan consecuencias reales?
Si el enfoque se concentra exclusivamente en la figura visible y no en el circuito financiero completo, la estructura se adapta.
La confianza es un tema fundamental en la percepción ciudadana, Italia, al igual que Mexico, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheimbaun y el secretario Omar García Harfuch, han logrado impulsar instituciones y programas públicos para combatir la violencia y a los cárteles del crimen organizado, mejorando la seguridad con respeto a los derechos humanos. ¿O no?, estimado lector.