La inseguridad, mal endémico

Luego del paso por el estado de Morelos del hoy diputado federal Cuauhtémoc Blanco y tras los primeros 16 meses de la administración de Margarita González Saravia, hoy ya nadie “compra” las versiones oficiales en materia de combate a la delincuencia en la región. En un principio se habló de que había coordinación y estrategia. Se quiso instalar la idea de que el estado comenzaba a corregir el rumbo en cuestiones de seguridad.

A principios de este año, la administración estatal difundió las cifras de 2025, en las que se señala la disminución de varios delitos de “alto impacto”, entre ellos el feminicidio, que bajó en 28.6%, así como el homicidio doloso en 26 por ciento. El problema es que, más allá de los boletines, el estado continúa con otra realidad muy distinta.

Delitos como la extorsión se han disparado hasta llegar a un incremento superior 27%, sólo en 2025. Organizaciones y medios morelenses advierten que la entidad terminó el año en el primer lugar nacional en ese delito con 419 casos, frente a los 322 de 2024. Esa sola cifra basta para entender el tamaño del problema: Morelos es hoy un estado donde el crimen avanza y, peor aún, “cobra piso” a sus habitantes.

En las últimas semanas, los casos de feminicidio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han encendido la indignación social y colocaron al estado en la agenda nacional de la delincuencia organizada. Los casos recientes han impulsado aún más la inconformidad en las marchas del pasado fin de semana con motivo del Día Internacional de la Mujer. Ahí se terminó la simulación, porque una administración puede tratar de influir en la cobertura, empujar narrativas favorables y saturar el espacio público con propaganda, pero no puede impedir que la realidad termine imponiéndose. Menos cuando esa realidad representa víctimas, rostros de jóvenes estudiantes y eco de protesta en las calles.

Eso explica por qué en Morelos la discusión dejó de ser técnica y se ha vuelto un debate moral. Ya no se trata solamente de si bajó o subió tal o cual indicador. Hoy se trata de la distancia obscena entre lo que vive el ciudadano de a pie y lo que quiere contar el gobierno. Ahí se encuentra el meollo del problema político para la mandataria Margarita González Saravia. No es solamente el problema de la inseguridad, también es la tentación de “esconderla bajo la alfombra”. Y no solamente es la violencia; también es la insistencia de administrarla como un asunto de percepción.

A un gobierno se le puede perdonar que no resuelva en meses un problema que lleva años en la vida cotidiana de los ciudadanos. Lo que no se le perdona es que quiera callar las voces críticas mientras la violencia sigue cobrando vidas inocentes. Lo que se requiere es una administración que deje de actuar como si el control mediático sustituyera al control territorial del problema. Porque cuando los datos, las víctimas y la molestia pública coinciden, ya no hay “cortinas de humo” que aguanten.

EL “SEÑOR DE LOS RANCHOS”

En el otrora apacible estado de Yucatán, su actual gobernador, Joaquín Huacho Díaz Mena, comienza a ser llamado entre la población como “El Señor de los Ranchos” por la cantidad de hectáreas que lleva “compradas” desde que comenzó a “destacar” en el ámbito político local; primero en el PRI, luego en el PAN y ahora en Morena. Ya sólo le falta “hacer escala” en MC, con Ivonne Ortega. Recientemente, Huacho, de quien, se asegura, no controla ni su propia casa, acaba de adquirir otro rancho al oriente del estado, con lo que amplió sus propiedades rurales en los últimos años a 235 hectáreas que, según los que saben, equivalen a 37 estadios Azteca. Es tan buen “administrador”, que en cada campaña política en la que ha participado, aunque no haya ganado, le “alcanza” para comprarse un rancho ganadero, con el cual ya suma 3 a su nombre, más los que —se asegura en Yucatán— ha escriturado con “prestanombres”.