Ante abandono, lanzan manual de autocuidado para candidatos; violencia política

En las elecciones de 2024, el costo de aspirar a un cargo público en México no solo se midió en voto, sino en vidas: 95 personas fueron asesinadas y se registraron 379 eventos de violencia, consolidándose como el proceso más violento en la historia reciente del país. 

A pesar de la gravedad de las amenazas, los secuestros y los atentados, los partidos políticos han optado por el abandono de sus candidatos, dejándolos vulnerables frente a una respuesta institucional precaria.

Ante este vacío, Laboratorio Electoral y la Embajada Británica lanzó un protocolo de apoyo y un manual de autocuidado que buscan establecer condiciones mínimas de seguridad para sostener la democracia en regiones donde la participación ciudadana ha caído hasta un 7% debido al asedio criminal.

Este esfuerzo surge como una respuesta urgente a un patrón regional de violencia que se ha recrudecido en frecuencia y gravedad, afectando incluso las inéditas elecciones judiciales de 2025, donde se documentaron 18 casos de agresiones contra aspirantes, 32 incidentes contra funcionarios judiciales, empleados o familiares, así como nueve casos de violencia de género digital e institucional, principalmente contra mujeres.

Recuperando experiencias de México, Colombia y otros países latinoamericanos, el documento propone pasos a seguir por parte de las autoridades, no solo electorales, como la creación de mapas de riesgo y un semáforo de regiones peligrosas, que las candidaturas deberían conocer para planear sus estrategias de campaña, entre otras cosas.

Durante décadas, distintos países han vivido episodios de violencia que han marcado profundamente su vida política.

En los últimos años, el fenómeno se ha recrudecido en frecuencia y gravedad.

La Organización de los Estados Americanos ha documentado en sus misiones de observación apartados completos sobre violencia electoral.

Casos como el de Fernando Villavicencio en Ecuador o agresiones contra actores políticos en Bolivia, Colombia y Brasil muestran que se trata de un patrón regional, no de hechos aislados.

En México, la violencia de 2024 se concentró en el ámbito municipal, con picos en la definición de candidaturas, en la recta final de campañas y en los días posteriores a la jornada electoral.

En los 17 municipios más violentos, la participación cayó en promedio 7%. Chiapas, Michoacán, Guerrero y Morelos encabezaron la lista.

“Estamos acostumbrados a echarle la culpa de todo al crimen organizado, pero gran parte de la violencia se vincula también a disputas político-partidistas”, advirtió Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, al presentar el estudio.

También alertó sobre un vacío legal: antes del registro formal, las personas designadas por los partidos no son aún candidatas en términos jurídicos y, por tanto, carecen de protección institucional, lo que las coloca en un periodo crítico de vulnerabilidad.

“La violencia judicial representa un riesgo democrático que aún no es posible dimensionar”, sostuvo, al advertir que puede generar autocensura, renuncias o incluso captura institucional.

Ante este escenario, y frente al bajo interés preventivo de los partidos, Laboratorio Electoral, con apoyo de la Embajada Británica en México, elaboró un Protocolo de atención y un Manual de autocuidado para candidaturas.

En el plano institucional, el documento propone medidas previas a la elección.

Entre ellas, la elaboración obligatoria de mapas territoriales de riesgo que integren variables delictivas, conflictividad política local y antecedentes de agresiones; la creación de un “semáforo” público que clasifique regiones por niveles de peligro; y la instalación de mesas permanentes de coordinación entre autoridades electorales, fiscalías y cuerpos de seguridad para activar respuestas inmediatas.

También plantea definir rutas claras de denuncia, tiempos máximos de reacción y criterios homogéneos para otorgar protección, evitando discrecionalidad.

Para las elecciones judiciales, el protocolo recomienda diseñar esquemas específicos, dado que las candidaturas no cuentan con estructuras partidistas ni experiencia en exposición pública.

Se propone monitoreo exclusivo de violencia judicial-electoral, análisis de riesgo territorial enfocado en juzgados y tribunales, y tratamiento diferenciado de la violencia no letal (amenazas, coacción, presión simbólica) como indicadores tempranos de posible captura institucional.

El manual de autocuidado, dirigido a candidatas y candidatos, se enfoca en la gestión individual y de equipo.

Incluye lineamientos para evaluar riesgos antes de eventos públicos; protocolos básicos de seguridad en traslados y reuniones; control de agendas y difusión de ubicaciones; verificación de espacios; y coordinación previa con autoridades locales.

En el ámbito digital, recomienda blindar información personal, administrar redes sociales con filtros y respaldo documental, y establecer canales seguros de comunicación interna.

Un apartado central está dedicado a la protección de familiares y equipos cercanos, considerados un eslabón vulnerable para presiones y amenazas.

Se sugieren medidas de discreción en rutinas, protocolos ante intentos de intimidación y documentación sistemática de cualquier incidente.

El manual insiste en no normalizar amenazas y en activar de inmediato las rutas institucionales disponibles.

La advertencia final es contundente: más de la mitad de los casos podrían no denunciarse nunca.

Sin monitoreo sistemático, reacción temprana y políticas preventivas, la violencia no sólo cobra vidas; altera la competencia, reduce la participación y erosiona la legitimidad democrática.

En ese contexto, mapear deja de ser una medida extraordinaria y se convierte en una condición mínima para sostener la democracia.