Aprobada la reforma constitucional que castiga con la nulidad cualquier asomo de injerencia extranjera en los procesos electorales —307 votos en Diputados, 85 en el Senado, y los congresos locales calentando el lápiz—, a la ministra Lenia Batres le pareció pertinente invitar a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos y asesor del chavismo entre 2005 y 2010, a impartir cátedra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El politólogo madrileño, que durante un lustro cobró nómina de Caracas para asesorar al régimen que ha hundido a Venezuela en la peor crisis económica y humanitaria del continente, encontró en el recinto del máximo tribunal mexicano el púlpito ideal para elogiar a la 4T, vapulear a la oposición mexicana y diagnosticar, con la solemnidad de invitado distinguido los “monstruos del fascismo”. La coreografía no necesitaba traducción: la “ministra del pueblo” que se rasga las vestiduras cuando una visita europea de centroderecha pisa avenida Reforma puso a disposición —del exasesor de Hugo Chávez— el sello institucional de la Corte. La incoherencia, además de ofensiva, ya no sorprende a nadie.
El episodio Monedero, no obstante, es apenas la postal más reciente del proyecto pedagógico que la togada impulsa desde su ponencia. Antes había sido el foro en el que, a propósito del traslado de Nicolás Maduro a una cárcel estadunidense, montó tribuna para defender “la autodeterminación de los pueblos” con la misma sede institucional como escenografía y a Ackerman como coreógrafo. La Corte —ese tribunal terminal que la Constitución pensó como árbitro, no como activista— se convierte así en plataforma de propaganda regional y en aula de doctrina. A esa vocación performativa habría que añadir el currículum. Treinta y seis asuntos pendientes —los más de cualquier ponente— al cierre de la Segunda Sala extinta, según reconoció el ministro Laynez Potisek. Pifias documentadas semana tras semana: expedientes confundidos, asuntos retirados que ella se empeña en seguir debatiendo, párrafos rechazados siete contra dos. Y, naturalmente, la decisión de votar en favor del ISSSTE —que dirige su hermano Martí— para liberarlo de un adeudo de 5 mil 810 millones de pesos con la Ciudad de México, sin atender la sugerencia del ministro presidente de retirar el asunto del orden del día por el evidente conflicto de interés. Llamarse “Ministra del Pueblo” —marca, literalmente, registrada ante el IMPI— no es un blindaje contra la suspicacia: es una franquicia.
Los inversionistas, prudentes como suelen serlo cuando huelen riesgo regulatorio, ya tomaron nota. Sus pronunciamientos sobre el sector empresarial, su empeño por reabrir sentencias firmes en materia fiscal, su tesis de que la Corte debe abandonar la función de tribunal fiscal para convertirse en garante difuso de derechos —léase: discrecionalidad sobre cualquier resolución que no le guste—, todo apunta al mismo lugar. Habla con desprecio del anatocismo y de las privatizaciones; defiende la cosa juzgada cuando le conviene y la quiere demoler cuando no. La propiedad privada, en su gramática, es un asunto sospechoso por defecto. No vendrá a sorprender a nadie cuando, en septiembre de 2027, asuma la presidencia del tribunal.
El golpe final lo entregó la propia ministra el viernes pasado. En esos mismos círculos —los que importan a Monedero y a Ackerman, pero no, al parecer, al estudio del derecho—, sentenció: “Mentira que las nuevas personas juzgadoras necesitáramos carrera judicial para ser personas juzgadoras”. Y, fiel a la economía retórica de la 4T, se puso a sí misma de ejemplo. Es probable que la afirmación incluso sea cierta en términos formales. Pero pronunciada desde la silla que ocupa, no es un argumento sobre la reforma judicial de 2024: es la confesión de un programa. Para impartir justicia constitucional en México ya no se requiere experticia ni preparación específica ni siquiera lectura suficiente del expediente. Basta con la lealtad correcta. Por eso conviene volver al principio. Mientras los legisladores de Morena celebraban la reforma que blinda nuestras elecciones contra la injerencia extranjera, su ministra estrella daba el micrófono, en el corazón del Poder Judicial, al asesor de un régimen que ha exportado más miseria que ningún otro en este siglo. La soberanía, según ellos, tiene horarios. Y la coherencia, sede.