Quitan radicalismo 
a ley anticorrupción; senadores trabajan con ONG

CIUDAD DE MÉXICO.

Los grupos parlamentarios del PRI, PAN y Partido Verde en el Senado, junto con organizaciones sociales, coincidieron en quitar el radicalismo al paquete de las nuevas leyes anticorrupción con el fin de no violentar la Constitución mexicana y crear un modelo para la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que ni los haga víctimas del crimen ni vulnere su seguridad jurídica.

Anoche, el equipo encabezado por el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, y el priista Raúl Cervantes, quien trabajan con las organizaciones sociales, avanzaron en cuatro nuevas leyes y reformas de ley, como son la del Sistema Nacional Anticorrupción; la General de Responsabilidades Administrativas; la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Orgánica de la Administración Pública, mientras la Cámara de Diputados trabajó en la referente a la Fiscalización y Rendición de Cuentas.

El trabajo de armonización de todas estas leyes resultó más arduo de lo previsto y hasta el cierre de esta edición todavía no se hacía público, a pesar de que la previsión era que se conociera desde el mediodía del miércoles.

Sin embargo, es prácticamente un hecho que el paquete de la reforma secundaria excluyó los puntos más radicalizados, luego de que el grupo de 20 senadores del PAN lograra que el resto de sus compañeros respaldaran su posición de no meter ningún tema que lesione la Constitución ni contravenga las disposiciones de otras leyes.

Los 38 senadores panistas firmaron ayer un documento que entregaron a los tres presidentes de las comisiones: Pablo Escudero, de Anticorrupción; Fernando Yunes, de Justicia, y Alejandro Encinas, de Estudios Legislativos Segunda, en el que les piden el calendario de trabajo definitivo, refrendan que van justos por un paquete completo de siete ordenamientos y piden que si para este sábado el Senado no las ha aprobado, se abra de inmediato un periodo extraordinario, en mayo, para concluir con este proceso legislativo.

Pero también les manifiestan que “los anteproyectos de dictámenes que en su momento se presenten para su discusión y consecuente aprobación, se apeguen estrictamente a lo dispuesto por la Constitución General de la República y los tratados en la materia, celebrados y ratificados de conformidad con la misma Carta Magna”.

Y es que ayer, los panistas acordaron sacar de la propuesta que respaldaron con el PRD y las organizaciones sociales, y que llamaron Iniciativa Tres de Tres Plus, las escuchas telefónicas ordenadas por una autoridad administrativa; también el punto en el que obliga a los parientes de un servidor público, hasta el cuarto grado, a presentar su declaración 3de3.

De la misma manera, los senadores excluyeron la obligación de que los particulares que reciben dinero público, incluidos proveedores y beneficiarios de programas sociales, presenten sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés de manera obligatoria; quitan los datos sensibles de las declaraciones públicas y excluyen a los consejeros de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad de esta obligación.

Tales puntos ya fueron pactados en la negociación del PRI-Verde con las organizaciones sociales.