Enfrentar efectos del ‘de-risking’ es prioridad mundial: Banca internacional

LIMA, Perú.

Por vez primera, en uno de los mandatos otorgados por la Asamblea de Gobernadores a la Dirección del Fondo Monetario Internacional, es que se analizan y exponen los perniciosos efectos causados por la política de de-risking, que afecta al flujo de financiamiento del comercio internacional.

Esta política se debe a que bajo la pretensión de cerrar la puerta al crimen organizado y al  “lavado de dinero” se extreman decisiones de las burocracias en Estados Unidos, que han obligado a los bancos con operaciones globales y corresponsalía en ese país a no prestar el servicio de corresponsalía bancaria a bancos no filiales o de menor escala, lo que ha provocado exclusión financiera.

Así, en el comunicado final del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) que fue avalado por la Asamblea, se establece, en el capítulo de Asesoría Técnica y Supervisión, que el FMI ayude a los países a calibrar su marco de políticas macro para enfrentar los dos desafíos de reducir sus vulnerabilidades y promover un crecimiento más fuerte, balanceado y sostenible.

Al mismo tiempo, reconocen el progreso para definir las prioridades de supervisión,  que incluyen: riesgos de contagio o inestabilidad financiera por los efectos de la política monetaria no convencional y su retiro en los países avanzados; el análisis de la relación entre la política monetaria y la inestabilidad financiera; resolver de forma apropiada el retiro de los bancos internacionales de las corresponsalías como resultado de la política de de-risking, además de profundizar el análisis de la información financiera y económica y cerrar las diferencias de información que prevalecen entre países.

Esta postura coincidió con la del Financial Stability Board (FSB), que a principios de octubre consideró esa retracción de la banca global como un elemento disruptivo del sistema de pagos, “porque inhibe, encarece y hasta corta flujos transfronterizos” legales, ya que una instituciones globales como Citigroup, HSBC, JP Morgan Chase, Santander, BBVA, Barclays, Pariba, Bank of America, etc., han ido cerrando la ventanilla a sus clientes bancarios con el argumento de que “prefieren perder el negocio a tener una multa que amenace su estabilidad financiera”.

El colapso de lo que se conoce como “banca corresponsal”, que permite a bancos locales de cualquier país ofrecer a sus clientes acceso a servicios financieros de instituciones en otros países (son los respondentes), como el envío o recepción de remesas, pagos internacionales por compra y venta de bienes y servicios, y toma de créditos o garantías de comercio exterior, se ha frenado al grado de que comienza a observarse una desconexión de la banca internacional global, aun entre sí.

Ante el riesgo de multas elevadísimas y la acusación de que han apoyado actividades de lavado de dinero, aun cuando no se haya probado por el Departamento de Justicia y los reguladores hayan “sancionado” la debilidad de sus controles antilavado, instituciones como Citi-Banamex, HSBC, Scotiabank, y otros que tienen operaciones o matriz en Estados Unidos, le han cerrado la corresponsalía a una treintena de bancos locales en México, especialmente a los que realizan remesas u operan en el mercado de cambios.

Algunas grandes empresas, como las automotrices, han tenido que descansar en sus brazos financieros para cubrir la ausencia de corresponsalías. Tomo el caso de México por ser el que conozco, pero en prácticamente toda América Latina y también en Europa la demanda fue creciente, al grado de integrarla en el comunicado formal del IMFC, del G20, el FSB y del Comité de Sistema de Pagos del BIS, que se reunirá en la Ciudad de México en unas tres semanas.

Es difícil convencer a los reguladores de Estados Unidos, porque existe la percepción que el de-risking se ha llevado a extremos como el señalado por autoridades no regulatorias en ese país, ya que la dispersión regulatoria y de supervisión local, estatal y federal que tiene ese país, hace que cada grupo de burócratas actúe sin decirle al otro, pero el banco acaba cerrando operaciones de corresponsalía para evitar ser “sancionado”, aunque muchos se callan para no utilizar la palabra “extorsionados”.

Por ejemplo, las multas que cobra un attorney general en una jurisdicción local (NY, Texas o California) se integran al fondeo de su presupuesto, lo que explica que aun cuando el regulador federal (OCC, Fed, FDIC, IRS) no sancione al banco, haga de un citatorio filtrado a medios la mejor manera para iniciar el de-risking.

El tema es tan grave que ya se incluyó en los asuntos prioritarios a revisar en el G-20, pues mientras los países que lo integran se han comprometido con la inclusión financiera y el fortalecimiento y solvencia de sus sistemas financieros, además de cumplir con las reglas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las transferencias transfronterizas legítimas son tratadas como ilegales y el dinero comienza a salirse de los canales de supervisión para irse hacia alternativas no reguladas, como las BitCoins y mercados on line de dinero, haciendo más fácil el uso de estos canales a quienes quieren ocultar su dinero o introducirlo en la economía real para lavarlo.

De hecho, en el Comité de Desarrollo se pidió desde marzo que se buscara evidencia sobre las consecuencias de la retracción de la banca corresponsal y el FSB está empujando fuerte con las autoridades locales el establecimiento del Sistema de Identificación Legal de Instituciones Financieras (LEIS) para estandarizar la identificación de las plataformas de Conocimiento del Cliente (KYC).

En particular, este tema fue tratado en la mesa en la que se revisó el tema de la criminalidad y el uso de canales financieros para lavar dinero, pues el Banco Mundial ha puesto en operación la Financial Action Task Force, para apoyar a los países a construir las plataformas de LEIS y PLD, para asegurar a las instituciones globales que los bancos locales cumplen con las obligaciones que les exigen en el país de origen.

Sin embargo, la realidad es que en México, la gran mayoría de las instituciones que son supervisadas en materia de cumplimiento por la CNBV, que preside Jaime González Aguadé, hoy no pueden realizar operaciones de corresponsalía, aunque tengan el certificado de cumplimiento.

El Banco de México, que gobierna Agustín Carstens, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo han tratado al más alto nivel con Jack Lewis,  secretario del Tesoro de Estados Unidos, y también con Janet Yellen, la presidenta de la Fed, además de que el tema fue también abordado por el presidente Peña con su homólogo, Obama, pues el de-risking pudiera hacer que el flujo de remesas comience a dejar el canal institucional que costó años en construir para que pasara por el ojo clínico de los bancos centrales que conforman el sistema de Fed y el Banco de México.

Política de control

• La política llamada de-risking (no inscrita en ninguna ley, regulación o algo que se le parezca) es un concepto que se ha traducido en la práctica en una violación flagrante a la apertura de la cuenta de capitales convenida entre México y Estados Unidos, está particularmente de moda en el Departamento del Tesoro, el OCC, el DOJ, el Fincen, la FDIC, y toda clase de agencias reguladoras.
• Se supone que el tránsito de dinero a través de los canales formales, regulados y supervisados, es reconocido por los gobiernos de ambos países como legal; sin embargo, el tratamiento que tiene el flujo de dinero o los depósitos de mexicanos en cuentas en dólares, pareciera que es ilegal.