Juez autoriza buscar a migrantes deportados

SAN DIEGO, 28 de febrero.— Un juez federal autorizó a organizaciones civiles buscar desde ayer a mexicanos que hayan sido deportados con engaños y amenazas de agentes de migración para que regresen a exponer sus casos ante tribunales que decidirán si pueden quedarse en Estados Unidos.

El magistrado John Kronstadt ratificó un permiso para que regresen a California “cientos o quizás miles” de mexicanos que fueron obligados a firmar consentimientos para ser deportados, mediante engaños, amenazas y presiones de agentes de migración.

El trabajo de las organizaciones ahora es localizar y llevar la información hasta donde se encuentren en México a los expulsados mediante esos métodos.

La señora Isidora López Vanegas fue una de nueve personas a quienes representó la demanda legal de la ACLU contra las autoridades de migración.

En 2011, la señora López, madre de tres ciudadanos estadunidenses, fue detenida cuando salió de su casa a hacer unas compras. La detenida explicó a los agentes de la Patrulla Fronteriza que la detuvieron que, antes de ser deportada, necesitaba encargar a conocidos a uno de sus hijos, de diez años de edad, con diagnóstico de autismo.

Los patrulleros en respuesta la amenazaron con entregar a su hijo en adopción a desconocidos si se negaba a firmar al momento un documento de consentimiento llamado “salida voluntaria”, con el que aceptaba por su propia voluntad ser deportada y no regresar a Estados Unidos en los siguientes diez años, o de lo contrario enfrentaría la cárcel.

La mexicana permaneció meses en un centro de detenciones y finalmente fue deportada a Tijuana. Su hijo, un niño estadunidense con discapacidad, fue obligado a salir con ella de Estados Unidos, y sus dos hijas, hermanas del niño, quedaron bajo tutela de desconocidos.

Durante los tres años que la señora y el menor vivieron en México, el niño careció del tratamiento que necesitaba.

En agosto del año pasado, cuando la ACLU ganó la demanda colectiva, la señora pudo finalmente regresar a California y reunirse con sus hijas.

Anna Castro, la vocera de la Aclu en San Diego, dijo a Excélsior que como el caso de las señora López, con variantes, “podrían haber miles que represente esta demanda colectiva histórica”.

Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un tribunal da marcha atrás a deportaciones, y lo autoriza sin conocer el número de personas que afectaron los agentes de migración.

 A lo inmediato, la Aclu, la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla), y otras organizaciones, abrieron una línea telefónica a la que los deportados que llenen los requisitos para volver puedan llamar sin costo desde territorio mexicano, el 01-800-681-6917 para consultar si su caso encaja en la demanda colectiva.

Pero la importancia de la demanda histórica va más allá de permitir que vuelvan deportados a presentarse ante las cortes, pues según sus circunstancias, como cónyuges y padres de ciudadanos estadunidenses, entre otros, podrían obtener residencia legal en el país.

Los requisitos que tienen que cubrir quienes pueden volver a California son los siguientes:

Ser ciudadanos mexicanos, que firmaron bajo presiones, chantajes, amenazas o engaños un documento de “salida voluntaria”, que fueron deportados por la frontera de California a México entre el primero de junio de 2009 y el 28 de agosto del 2014, que al momento de haber sido expulsados tenían posibilidades de regularizar su condición migratoria, y que —como fueron deportados— ahora se encuentren en territorio mexicano; la posibilidad de regreso excluye a quienes cruzaron la frontera nuevamente.

Castro dijo que el término de sur de California se refiere a la región entre el norte de Los Ángeles y los límites con México, en los condados de San Diego e Imperial.

La vocera platicó que en algunos cuarteles de agentes de migración, los oficiales entregaban a los detenidos formularios en los que la opción múltiple de “salida voluntaria” ya estaba aceptada, como “un machote”.