ASF localiza anomalías en salud y carreteras

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de febrero.- Con el pretexto de agilizar e incrementar la eficiencia de los servicios públicos, el gobierno federal pagó a particulares para el mantenimiento de carreteras y autopistas, así como para la construcción u operación de hospitales y redes de agua potable y drenaje, sin que se garantizaran mejores condiciones para las entidades donde se realizaron las obras.

A través de diversas revisiones a la Cuenta Pública 2013 formuladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “se determinó la existencia de distintas problemáticas en el suministro de servicios a través de particulares en términos de costo, calidad y oportunidad”.

Por ejemplo, en la concesión de autopistas y carreteras, la Federación autorizó prórrogas que exceden el máximo permitido por la ley, “ocasionando que una vez vencido el plazo, las carreteras concesionadas no retornen al dominio de la nación”.

Otra de las irregularidades es que Comunicaciones y Transportes (SCT) permitió que los concesionarios de carreteras no arreglaran los desperfectos, que ponen en riesgo la vida de los automovilistas.

Como ejemplo, el organismo fiscalizador señaló que al verificar la conservación de la autopista Pátzcuaro Uruapan-Lázaro Cárdenas y de los libramientos de Morelia y Uruapan, Michoacán, detectó baches, defensas metálicas dañadas, falta de señalización horizontal y vertical y colocación de carpeta asfáltica sin cubrir la totalidad del ancho de la carretera.

Otra anomalía es la ausencia de transparencia para la autorización del incremento de las tarifas de peaje, “con lo que los particulares realizan los ajustes y actualizaciones sin que la dependencia vigile dichos incrementos”.

Otras concesiones a particulares que muestran deficiencias por falta de control y supervisión del servicio subrogado es en materia de salud, pues tanto el ISSSTE como el IMSS pagaron millones de pesos a particulares en 2013, aunque éstos no garantizaron una mejor atención, debido a que “existe una limitada supervisión por parte de las autoridades” en la prestación de servicios como laboratorios o guarderías.

Por ejemplo, en una auditoría del organismo fiscalizador se detectó que una guardería subrogada del ISSSTE contrató a personal que no cubría los requisitos solicitados por la dependencia federal, lo cual habla del uso discrecional del dinero y de falta de verificación en lugares destinados al cuidado y desarrollo infantil.

En el caso de la Comisión Nacional del Agua, la ASF señaló que en algunos contratos de prestación de servicios existen reprogramaciones “injustificadas”, lo cual termina en retrasos para la entrada en operación y obtención de beneficios.

Por ejemplo, en la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco de Tula, Hidalgo, la Conagua pagó dos millones 690 mil pesos al particular sin que los trabajos estuvieran terminados, además de haber pagado ocho millones 160 mil pesos “sin que se realizaran pruebas para la puesta en marcha de los equipos y sin realizar trabajos de supervisión en la operación”.

La Auditoría exhortó a las dependencias que operan estos contratos a reforzar los controles y supervisión a los concesionarios privados.