Juez frena medidas migratorias en EU

HOUSTON, Texas, 18 de febrero.— El alivio migratorio para millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos enfrenta una seria amenaza, luego que el juez federal Andrew Hanen, de la Corte de Brownsville, Texas, suspendiera temporalmente la acción ejecutiva anunciada por el presidente Barack Obama en noviembre pasado.

El mandatario ordenó la expansión del programa de Acción Diferida para jóvenes llegados en su infancia (DACA) que entraría en vigencia el 18 de febrero de este año, junto con el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres de Ciudadanos Estadunidenses y Residentes Permanentes (DAPA), que comenzaría su implementación en mayo próximo.

Entre cuatro y cinco millones de personas, la mayoría mexicanos, se verían beneficiadas con ambos instrumentos.

Luego del anuncio en noviembre, 26 estados conservadores demandaron a Obama, argumentando un abuso de su poder ejecutivo establecido por la Constitución. Hanen aseguró el pasado lunes por la noche que los 26 estados satisfacían los requerimientos legales mínimos para validar la demanda y que el gobierno de Obama había fallado en cumplir con procedimientos administrativos mínimos para iniciar el programa.

En respuesta la Casa Blanca declaró que el Departamento de Justicia apelará la decisión y que “la Corte de Distrito previene erróneamente que entren en vigor estas políticas legítimas de sentido común”.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó la decisión, pero confió en la reivindicación de su mandato. “Estoy en desacuerdo con el fallo. Creo que la ley está de nuestra parte y la historia está de nuestro lado y la vamos a apelar”, dijo el mandatario.

Obama sostuvo que tiene confianza en que su orden ejecutiva de noviembre pasado prevalecerá, porque no es la primera vez en que un juez de una corte menor “bloquea algo o intenta bloquear algo de lo cual, al final, se demostró su legalidad”.

“Estoy confiado de que esto cae dentro de mi autoridad, y la tradicional discrecionalidad del Poder Ejecutivo para aplicar las leyes migratorias”, agregó.

Obama reiteró que la orden ejecutiva es una medida forzada por la inacción republicana en el Congreso, e insistió que, aunque tenga alcance limitado, ayudará a poner un poco de orden en el caótico y quebrantado sistema migratorio.

“Tenemos aquí a 11 millones de personas que no vamos a poder deportar. Muchos de ellos son nuestros vecinos; muchos de ellos trabajan en nuestras comunidades y muchos de sus hijos son ciudadanos”, dijo.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, aseguró ayer que el gobierno debe cumplir con el fallo de la corte y especificó que no aceptará peticiones para la expansión de DACA el próximo 18 de febrero, como estaba planeado originalmente.

“Hasta nuevo aviso, también suspenderemos el plan para aceptar peticiones para DAPA”, comentó en una declaración.

Johnson agregó que la decisión del juez no afecta a los individuos que aún califican para DACA según los criterios de 2012 o aquellos que necesiten renovar su estatus e insistió en que la orden del tribunal no afecta la capacidad del departamento para implementar prioridades en el control de las leyes de inmigración.

“Al final del día esperamos prevalecer legalmente y tener un proceso exitoso”, comentó la directora del Consejo de Política Doméstica, Cecilia Muñoz, en una conferencia telefónica. “Apelaremos y creemos que tenemos una base legal fuerte”, agregó.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, recordó que la demanda en contra de DACA debatida el año pasado dio el favor a la administración.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró la decisión de Hanen e insistió en que “el Presidente había renunciado a su responsabilidad de proteger la Constitución de Estados Unidos en su intento por ignorar las leyes aprobadas por el Congreso y la decisión de Hanen le pone un freno a sus rieles”.

Grupos activistas y proinmigrantes han iniciado diversas protestas a lo largo del país para oponerse a la decisión de Hanen, además de insistir en la urgencia de que el gobierno y las cortes resuelvan este tema a la brevedad.

Ahora el caso pasará a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito ubicado en Nueva Orleans. Según la directora de National Immigration Law Center, Marielena Hincapié, aunque la corte de apelaciones es “más bien conservadora” ha fallado a favor de grupos inmigrantes en casos como “Farmers Ranch”.

“Esperábamos la decisión de Hanen y tenemos mucha confianza en que será revertida”, agregó. Ahora el tiempo es un elemento crucial, ya que el Departamento de Seguridad Nacional continuará con las deportaciones.

Implicaciones

Millones de mexicanos y demás migrantes en EU verán retrasada su regularización:

• Para millones de indocumentados, el fallo arruina su esperanza de regularizar su situación migratoria.
• La decisión del juez Andrew Hanen contra la acción ejecutiva anunciada por Obama el 20 de noviembre —que evitaría la deportación de unos cinco millones de indocumentados— retrasa los programas de solicitudes de ese amparo, uno de los cuales debía comenzar este miércoles 18 de febrero.
• Un elemento clave del plan es el de instruir a las autoridades migratorias para priorizar el acto de expulsión contra integrantes de pandillas, criminales y sospechosos de terroristas en vez de padres indocumentados de ciudadanos estadunidenses y residentes.

5 millones de indocumentados en Estados Unidos iban a ser beneficiados por la acción ejecutiva de Barack Obama

Oposición

• La medida fortalece la oposición de 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos radicales, que han demandado a la administración de Obama por considerar la acción ejecutiva anticonstitucional.
• La decisión del juez federal Andrew Hanen contra la acción ejecutiva de Obama sucede en la víspera de que el gobierno estadunidense comenzara a recibir los formularios de inmigrantes indocumentados mayores de 30 años, que llegaron al país como menores, solicitando protección contra la deportación y permisos de trabajo.
• Obama pretendía eliminar la edad límite de 30 años establecida en un programa conocida como la Acción Diferida (DACA), o Dreamers, que permite a aquellos que están viviendo de manera ilegal en el país desde niños que se queden, ofreciendo un alivio a miles de personas.
• El programa pretendía cubrir a cualquiera que hubiera llegado al país antes de 2010 y extender una garantía previa de dos años, a una garantía de tres años.

208 mil mexicanos viven en Texas, uno de los estados más hostiles contra el plan Obama.

Padres de familia

• El fallo también afecta otro programa que tenía previsto beneficiar a los padres indocumentados de ciudadanos estadunidenses y residentes permanentes a partir de mayo próximo.
• Ambos programas tienen previsto ofrecer un alivio temporal o “acción diferida” contra la deportación, más posibilidad de empleo, durante tres años a unos cinco millones de inmigrantes que entraron ilegalmente a EU.
• Ahora esos planes quedan suspendidos hasta que se logren resolver las diferencias legales en los tribunales.

Llueven críticas al juez Hanen

El freno a las iniciativas del presidente Barack Obama para librar de deportaciones a más de cinco millones de indocumentados generó una serie de reacciones en contra del magistrado que aceptó la demanda y en favor de que la suspensión sea un obstáculo con rápida solución.

El Centro de Política de Inmigración de California calificó al magistrado Andrew Hanen como “un extremista” con “antecedentes de esforzarse en expresar sus sentimientos antiinmigrantes”.

La directora Reshma Shamasunder dijo molesta que el fallo del juez Hanen “es una aberración que ignora los principios de jurisprudencia”.

El congresista federal Juan Vargas confirmó en San Diego a Excélsior que los republicanos “buscaron en todo el país a algún juez que estuviera dispuesto a cuestionar lo que era incuestionable, y lo encontraron en un magistrado con una conocida política personal antiinmigrantes” en Brownsville, ciudad fronteriza con menos de 200 mil residentes en la frontera de Texas.

“Buscaron por todo el país a un juez que les ayudara y fueron a encontrarlo en Texas, donde hay mucha retórica antiinmigrantes. Pero, ¿por qué cree usted que no lo hallaron en las grandes ciudades como Dallas o Houston? Porque todos los demás jueces saben que la demanda es improcedente”, dijo Vargas en una conferencia de prensa.

“Es un teatro político”, explicó por su parte la dirigente nacional Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla).

Salas declaró que las circunstancias actuales son que un sector “antiinmigrante presentó una demanda frívola a un juez que sabiendo que es un teatro político la aceptara”, pero destacó que “cientos de expertos legales coinciden en que la acción ejecutiva del presidente Barack Obama en inmigración es constitucional y dentro del marco legal”.

Consideró a la suspensión temporal que impuso el juez Hanen como “un obstáculo en el camino”.

La procuradora general de California y aspirante al senado federal, Kamala Harris, coincidió en ese sentido: “lo que el Presidente propuso fue el sentido común para un sistema de leyes de migración descompuestos; me siento decepcionada de que una sola persona retrase la equidad y la justicia para millones de personas”.

El presidente del Senado, Kevin de León, dijo en reacciones a la demanda del lunes que confía en que los tribunales “fallen en favor de todas las agencias del orden, los funcionarios y los juristas que no sólo están de acuerdo en la legalidad de la acción del presidente, sino también en la necesidad de reconocer a quienes contribuyen seriamente” a la sociedad y economía estadunidenses.

También el sector laboral expresó rechazo por la demanda. El sindicato de campesinos UFW, la Unión de Trabajadores Agrícolas, que fundara César Chávez, expresó su confianza “en que el presidente Obama prevalecerá y, por lo tanto, invitamos a los trabajadores inmigrantes a que estén preparados para cuando el alivio a deportaciones esté disponible”.

El sindicato urgió “a los republicanos a que abandonen este juego político que lastima a millones de trabajadores que además son contribuyentes”.

El secretario general, Arturo Rodríguez, recordó que entre las solicitudes urgentes por arreglar el sistema de migración se presentaron las de agroindustriales republicanos.

El presidente regional de la Federación de Asociaciones Laborales-Congreso Internacional de Organizaciones (AFL-CIO) para la frontera de California, Richard Barrera, dijo por su parte que de la misma forma en que los sindicatos apoyan a la comunidad a nivel local, la  central de trabajadores apoya nacionalmente.

“Para nosotros no hay paso más importante actualmente que arreglar el sistema de migración. A la comunidad indocumentada en San Diego la apoyan los maestros, las enfermeras, los médicos, los bomberos, los empleados de servicios y mantenimiento, los de los supermercados y tiendas de autoservicios, entre otros”, destacó.

El Centro Nacional Legal de Migración pidió al mismo tiempo a los trabajadores migrantes mantener listos sus documentos o terminar de reunirlos y, si es necesario, terminar de ahorrar lo que tendrán que pagar para tarifas de trámites para regularizar su situación.

“Éste es un retraso, pero es temporal”, indicó el centro.

Una dirigente comunitaria en San Diego, Genoveva Aguilar, comentó, por su parte, que “aquí se va a aplicar el dicho de que lo que no nos mata, nos fortalece”.