La Acción de Obama queda en suspenso

HOUSTON, 16 de enero.- Un juez de la Corte Federal en Brownsville retrasó este jueves una decisión sobre el futuro de la Acción Ejecutiva decretada por el presidente Barack Obama, dejando en el limbo a cerca de cinco millones de indocumentados en Estados Unidos.

Aunque se esperaba que el magistrado Andrew Hanen llegara a un dictamen final, éste le dio un plazo de dos semanas al gobierno para que presente más información. “Trataré de dar mi veredicto tan rápido como sea posible”, aseguró.

Diversos grupos pro inmigrantes se apostaron a la salida de la Corte. “No me llames ilegal porque eso no lo soy; ilegales son tus leyes y por eso no me voy”, vitoreaban.

Por más de tres horas el tribunal debatió la demanda (Texas contra United States) presentada por 25 estados y liderada por Texas. En ella argumentaron que la Acción Ejecutiva excede la autoridad del Presidente y representará un daño para las entidades.

El gobierno, por su parte, sostuvo que no existían pruebas del impacto que esto tendría en los estados y pidió al tribunal que desestimara la demanda.

Para ello contó con el apoyo de 12 estados (entre ellos California y Nueva York) que incluso argumentaron que la Acción Ejecutiva de Obama sería beneficiosa para el país.

El juez Hanen se caracteriza por seguir una línea dura en temas de inmigración y así se reflejó en la audiencia que comenzó a las 10:00 horas, en medio de un fuerte resguardo policiaco.

El año pasado, Hanen acusó al Departamento de Seguridad Nacional de conspiración criminal, cuando permitió la reunificación de indocumentados detenidos en la frontera con sus familiares en Estados Unidos.

Al examinar la Acción Ejecutiva, Hanen enfatizó que la inmigración es un “área de legítimo debate”. La primera parte de la audiencia estuvo a cargo del abogado Andrew Oldham representando al estado de Texas.

Ahí insistió en que la demanda se trata del Estado de derecho en el país y destacó que la Acción Ejecutiva implica daños para los estados en áreas como “salud, control de seguridad, licencias”, entre otros.

El abogado reforzó este argumento luego que el juez cuestionara los efectos de DACA, el alivio administrativo que Obama entregó a los jóvenes indocumentados en 2012 que les permitió no ser deportados y obtener permisos de trabajo.

“Los estatutos dicen que los inmigrantes indocumentados deben ser deportados y ustedes claramente no están haciendo esto”, dijo Hanen.

Por parte del gobierno, la abogada Kathleen Hartnett pidió a la Corte desestimar la demanda y aseguró que no existe un “daño rastreable” hacia los estados y que antes de siquiera considerar los alegatos, los estados deben primero probar la existencia de “un daño concreto”.

Hanen pidió detalles sobre la Acción Ejecutiva, su puesta en marcha y profundizó sobre la validez de DACA, incluso solicitó cifras respecto del número de personas que han sido rechazadas por el programa.

Ahora el siguiente paso es esperar por los nuevos documentos que enviará el gobierno y aguardar la decisión del juez Hanen respecto de la validez de la demanda y una posible suspensión de la Acción Ejecutiva.