El Salvador registra tasa de homicidios de 1.3 en 2025; la más baja en su historia

El Salvador cerró 2025 con una tasa de homicidios de 1.3 por cada 100 mil habitantes, la cifra más baja registrada en la historia del país.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó este lunes que durante el año pasado se contabilizaron 82 asesinatos en el territorio nacional. Según el funcionario, el 100% de estos casos fueron resueltos por las autoridades policiales y judiciales, lo que representa una reducción respecto a la tasa de 1.9 reportada al cierre de 2024.

Villatoro afirmó que estos indicadores posicionan a la nación centroamericana como el país más seguro del hemisferio occidental. Esta estadística contrasta con los datos de 2015, cuando El Salvador registró una tasa de 106 homicidios por cada 100 mil habitantes, situándose entonces como una de las regiones más violentas del mundo fuera de una zona de guerra.

El impacto del régimen de excepción

La estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele se basa en el régimen de excepción, una medida constitucional vigente desde marzo de 2022. Esta herramienta legal permite a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin necesidad de una orden judicial administrativa y suspende temporalmente el derecho de defensa de los detenidos.

Bajo este marco normativo, las autoridades han capturado a casi 91 mil personas señaladas como presuntos pandilleros. No obstante, las cifras oficiales también reconocen un margen de error en las detenciones: aproximadamente 8 mil personas fueron puestas en libertad tras confirmarse su inocencia durante el proceso de investigación.

El gobierno salvadoreño sostiene que el control territorial ha sido recuperado en un 80%, zonas que anteriormente eran administradas por grupos criminales dedicados a la extorsión de comerciantes y transportistas.Cuestionamientos y derechos humanos

Pese a la reducción en los índices de criminalidad, organizaciones no gubernamentales mantienen críticas sobre el costo humanitario de estas políticas. La organización Socorro Jurídico Humanitario documentó que, hasta el cierre del año pasado, 473 personas fallecieron bajo custodia estatal en diversos centros penales, incluidos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Los informes de organismos internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han señalado presuntas violaciones sistemáticas al debido proceso y casos de tortura. Sin embargo, el Poder Legislativo, de mayoría oficialista, ha prorrogado el régimen de excepción de manera ininterrumpida cada 30 días, argumentando que la amenaza de las estructuras criminales no ha sido eliminada por completo.

RLO