Estados Unidos ejecuta ataque “letal” contra supuesta narcolancha; hay muertos
Expertos en derecho internacional han cuestionado estos ataques por falta de evidencia pública y posible violación de normas.
El Ejército de Estados Unidos informó el viernes de la muerte de tres presuntos narcotraficantes en un ataque contra una embarcación en el Caribe, con lo cual la campaña antidrogas de Washington en la región se eleva a al menos 133 fallecidos.
Este viernes, "la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación (...) que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", indicó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.
Tres narcoterroristas murieron durante la acción. Ninguna fuerza militar estadunidense resultó herida", detalló el pronunciamiento.
La administración del presidente Donald Trump lanzó su ofensiva antidrogas en la región a comienzos de septiembre, insistiendo que está en guerra con supuestos "narcoterroristas" que operan desde Venezuela.
Pero la Casa Blanca no ha entregado pruebas definitivas de que las embarcaciones están involucradas con el tráfico de drogas, causando un fuerte debate sobre la legalidad de las operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.
El nuevo golpe llega unas seis semanas después de que Washington depusiera y capturara al líder venezolano Nicolás Maduro, quien había denunciado que esas operaciones estadunidenses buscaban un cambio de régimen en Venezuela.
Maduro se encuentra detenido en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos, de los cuales se ha declarado no culpable.
Ataques a “narcolanchas”
La operación se enmarca en la estrategia antidrogas impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que desde septiembre reforzó la presencia naval y aérea estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental bajo el despliegue coordinado del Comando Sur de Estados Unidos.
Washington sostiene que organizaciones criminales operan en corredores marítimos utilizados para el tráfico de cocaína hacia Norteamérica y que algunas de ellas mantienen vínculos con estructuras calificadas como “narcoterroristas”.
El aumento de patrullajes, interdicciones y acciones directas forma parte de una política que combina objetivos de seguridad nacional y combate al crimen transnacional.
No obstante, la ofensiva ha generado cuestionamientos jurídicos. Especialistas en derecho internacional han advertido que el uso de fuerza letal en aguas internacionales debe ajustarse a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, particularmente en lo relativo a la legítima defensa y la proporcionalidad.
Organizaciones de derechos humanos han pedido mayor transparencia sobre la evidencia que vincula a las embarcaciones atacadas con actividades ilícitas, subrayando que la interdicción marítima tradicionalmente contempla captura y judicialización antes que acciones militares letales.
En el plano regional, las operaciones han profundizado la tensión diplomática con Caracas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado que los despliegues forman parte de una estrategia de presión política más amplia, mientras que la Casa Blanca defiende que se trata exclusivamente de una campaña contra el narcotráfico.
Analistas señalan que el endurecimiento del enfoque estadounidense ocurre en un contexto de deterioro de las relaciones bilaterales y de mayor competencia estratégica en el hemisferio occidental.
Con información de AFP.
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