CIDH denuncia amenazas de cárcel y otras violaciones en misiones médicas de Cuba
El informe documenta prácticas como retención de salarios, confiscación de pasaportes y amenazas de sanciones penales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este martes sobre presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos en las misiones médicas internacionales de Cuba, un programa que durante décadas ha sido presentado por La Habana como emblema de cooperación sanitaria global.
El informe documenta prácticas como retención de salarios, confiscación de pasaportes y amenazas de sanciones penales, lo que, según el organismo, podría configurar indicios de trabajo forzoso e incluso trata de personas.
Las misiones médicas fueron impulsadas en la década de 1960 bajo el liderazgo de Fidel Castro con un enfoque solidario. Sin embargo, el informe señala que desde los años noventa evolucionaron hacia un esquema económico central.
Actualmente, representan una de las principales fuentes de ingresos del Estado cubano. De acuerdo con datos oficiales citados por la CIDH, estas misiones generaron 4,882 millones de dólares en 2022, equivalentes al 69% de los servicios exportados por la isla.
Salarios retenidos y condiciones precarias
El documento expone que los profesionales sanitarios reciben sólo entre el 2.5% y el 25% del pago total que los países receptores entregan al Estado cubano, mientras que el resto es retenido por el gobierno.
Diversos testimonios recogidos por la CIDH describen condiciones de vida limitadas. Uno de los entrevistados aseguró que el estipendio recibido era insuficiente incluso para cubrir necesidades básicas, lo que evidencia una remuneración incompatible con estándares de subsistencia digna.
Estas denuncias coinciden con investigaciones independientes que estiman que el Estado cubano puede retener hasta el 85% de los ingresos generados por cada profesional .
Restricciones, vigilancia y riesgo de represalias
El informe detalla un sistema de control que limita severamente la libertad de los trabajadores. Entre las prácticas documentadas se encuentra la confiscación de pasaportes al llegar al país de destino y la retención de salarios en cuentas congeladas en Cuba.
Además, quienes abandonan una misión antes de concluir su contrato pueden ser catalogados como desertores. Esto implica la pérdida de derechos civiles, restricciones para regresar al país durante años e incluso penas de prisión.
El Código Penal cubano contempla sanciones de hasta ocho años de cárcel para quienes incumplan
Jornadas laborales extensas y control social
Los testimonios también describen jornadas extenuantes, con guardias obligatorias y horas extra no remuneradas. A esto se suman, en algunos casos, actividades políticas obligatorias y restricciones para relacionarse libremente con personas del país anfitrión o con otros ciudadanos cubanos.
La CIDH recopiló entrevistas con profesionales desplegados en múltiples países de América Latina —incluyendo México, Brasil y Venezuela— así como en regiones de África y Asia.
En particular, el informe destaca que el 83% de los testimonios recogidos en América Latina provienen de Venezuela, uno de los principales destinos de estas misiones desde 2003.
Indicios de trabajo forzoso y alerta internacional
A partir del análisis de los testimonios y documentación, la CIDH concluye que existen elementos compatibles con trabajo forzoso y posibles casos de trata de personas, lo que eleva la preocupación en el ámbito internacional.
El señalamiento se produce en un contexto más amplio de críticas sobre la situación de derechos humanos en Cuba, donde el propio organismo ha advertido sobre violaciones graves y estructurales en la isla .
Las misiones médicas cubanas se encuentran en el centro de un debate internacional que combina cooperación sanitaria, intereses económicos y derechos laborales.
Mientras el gobierno cubano defiende el programa como un mecanismo de solidaridad global, organizaciones internacionales y gobiernos han intensificado el escrutinio sobre sus condiciones operativas y legales.
El informe de la CIDH añade presión a este modelo, al plantear que su funcionamiento podría contravenir estándares internacionales en materia de derechos humanos y laborales.
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