El crimen que sacudió Brasil: políticos reciben 76 años de prisión

La Corte Suprema de Brasil condena a 76 años a exparlamentarios por ordenar el asesinato de Marielle Franco en 2018 y expone la red criminal

Por: AFP

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El diputado federal Joao Chiquinho Brazao desciende de un avion de la Policia Federal tras su llegada a Brasilia, luego de ser arrestado en Rio de Janeiro, el 24 de marzo de 2024.AFP / Evaristo Sa

Por Juan Sebastian Serrano

La Corte Suprema de Brasil condenó este miércoles a 76 años de prisión a dos exparlamentarios que ordenaron el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018, un homicidio que expuso los vínculos entre la política y el crimen en Río de Janeiro.

Franco, concejala, activista negra y lesbiana, fue acribillada por un expolicía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de la ciudad. Su chofer también murió.

El exdiputado Chiquinho Brazão, de 62 años, y su hermano Domingos, de 60, exlegislador de Río, ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares, según determinó la Corte.

Los Brazão “no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia”, afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo del caso que conmocionó a Brasil.

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Vista general de la primera sesión del juicio por el asesinato de la concejala Marielle Franco en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, en Brasilia, el 24 de febrero de 2026.AFP / Sergio Lima

Desde el Concejo Municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de urbanizaciones ilegales en barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingresos de las milicias.

Según la Corte, Franco fue asesinada para enviar un “recado” a la clase política de Río.

Familiares reaccionaron con llanto y abrazos tras conocer la pena contra los Brazão, al concluir el juicio, abierto el martes en Brasilia, constató la AFP. 

Política, racismo y misoginia

Formadas en Río hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en bandas que practican diversos tipos de extorsión.

El martes, la defensa proclamó la inocencia de los Brazão, pero admitió los vínculos del poder local con el crimen.

Quien hace política en Río y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra”, dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazão.

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El vicepresidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, relator de la sesión, durante el inicio del juicio por el asesinato de la concejala Marielle Franco, en Brasilia, el 24 de febrero de 2026.AFP / Sergio Lima

La Corte, por su parte, señaló el “racismo” y la “misoginia” de los condenados.

Marielle Franco era “una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos”, relató Moraes.

Los hermanos fueron hallados culpables de:

  1. Doble homicidio calificado
  2. Organización criminal armada
  3. Tentativa de homicidio contra una asesora de Franco que sobrevivió al ataque

La investigación se basó en la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía que disparó una ametralladora contra Franco y que fue condenado a 78 años de prisión por el crimen en 2024. 

Error de cálculo

Este proceso me ha hecho mucho daño espiritual y psicológico”, expresó la magistrada Carmen Lúcia, única mujer en la Corte Suprema. “¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?”, enfatizó la jueza.

Según la Corte, los hermanos Brazão “no esperaban tal repercusión” tras el asesinato de Franco.

El lunes, un grupo de especialistas de la Organización de las Naciones Unidas afirmó en una carta que “los involucrados en la planificación y el encubrimiento de los asesinatos deben ser responsabilizados”.

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Mariete Silva, madre de la concejala asesinada Marielle Franco, durante la primera sesión del juicio contra los acusados de ordenar el crimen, en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, en Brasilia, el 24 de febrero de 2026.AFP / Sergio Lima

Rivaldo Barbosa, excomisario de policía que dirigió inicialmente la investigación, también fue condenado a 18 años por obstrucción de la justicia e intentar proteger a los hermanos Brazão.

El exagente de la Policía Militar y miembro de la milicia Ronald Paulo de Alves fue condenado a 56 años por vigilar la rutina de Franco e informar su paradero la noche del asesinato. El exasesor de Domingos Brazão, Robson Calixto Fonseca, recibió una condena de nueve años por actuar como intermediario entre los acusados y miembros de la milicia. 

Un caso emblemático contra la impunidad

El asesinato de Marielle Franco se convirtió en uno de los casos más emblemáticos contra la impunidad en Brasil.

De acuerdo con el Fórum Brasileiro de Segurança Pública, en el estado de Río de Janeiro operan milicias en más de 50% del territorio de la capital y en decenas de municipios del área metropolitana, donde ejercen control sobre servicios como transporte, gas, televisión por cable e incluso desarrollos inmobiliarios irregulares.

Estas organizaciones, surgidas en la década de 1980 como supuestos grupos de autodefensa integrados por expolicías y exmilitares, evolucionaron hacia estructuras criminales con fuerte influencia política local.

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El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Flávio Dino, durante la primera sesión del juicio contra los acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, en Brasilia, el 24 de febrero de 2026.AFP / Sergio Lima

En 2018, año del asesinato de Franco, Brasil registró más de 57 mil homicidios, según datos oficiales del Ministerio de Justicia, y Río de Janeiro figuraba entre los estados con mayor presencia de grupos armados no estatales.

El caso también fue señalado por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares a familiares de la concejala y solicitó avances en la investigación.

La condena de los autores materiales en 2024 y ahora de los presuntos autores intelectuales se enmarca en una investigación que incluyó acuerdos de colaboración y peritajes balísticos que confirmaron el uso de armas vinculadas a arsenales policiales.

El proceso ha sido considerado un precedente en Brasil respecto a la responsabilidad penal de actores políticos vinculados con milicias y crimen organizado.

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