Juez federal de EU rechaza política migratoria de deportaciones rápidas impulsada por Trump

Un juez federal de distrito en Estados Unidos declaró ilegal la política de la administración del presidente Donald Trump que permitía la deportación acelerada de migrantes hacia terceros países, sin otorgarles una oportunidad significativa para expresar temores de persecución o tortura. La decisión fue emitida por el juez Brian Murphy, en Boston, quien dictaminó que la medida del Departamento de Seguridad Nacional debía ser derogada.

Aunque el fallo es definitivo, Murphy, nombrado por el presidente demócrata Joe Biden, suspendió su entrada en vigor durante 15 días. El objetivo es dar tiempo al Gobierno para presentar un recurso, considerando la “importancia y la historia inusual” del caso. 

El magistrado recordó que la Corte Suprema ya intervino en dos ocasiones previas, primero levantando una orden preliminar que protegía los derechos procesales de los migrantes y después permitiendo la deportación de ocho hombres a Sudán del Sur.

La política cuestionada

La medida, documentada en un memorándum de marzo y en una guía de julio, autorizaba la deportación de migrantes con órdenes definitivas de expulsión hacia países distintos de los señalados en sus procesos judiciales. El mecanismo se basaba en garantías diplomáticas de que los deportados no serían perseguidos ni torturados, y en algunos casos bastaba con un aviso de apenas seis horas antes de su traslado.

Los abogados del Departamento de Justicia defendieron la política, asegurando que cumplía con la legislación migratoria y con los estándares mínimos de debido proceso. Según su postura, identificar países alternativos era esencial para deportar a migrantes cuyos países de origen se negaban a recibirlos, especialmente en casos de antecedentes criminales.

Impacto en los migrantes

La demanda colectiva que dio origen al fallo fue presentada en nombre de personas que enfrentaban deportaciones hacia países no contemplados en sus órdenes iniciales de expulsión, como Libia, Sudán del Sur y El Salvador. Mientras estuvo vigente, la política generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que denunciaron el riesgo de enviar a migrantes a contextos de violencia y persecución sin un análisis adecuado de sus casos.

El fallo de Murphy abre un nuevo capítulo en la disputa legal, que probablemente será resuelto en última instancia por la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras tanto, la suspensión temporal mantiene abierta la posibilidad de que el Gobierno presente un recurso y defienda la política como parte de su estrategia de control migratorio.

¿En qué consisten las deportaciones rápidas?

La política migratoria de Donald Trump en su segundo mandato ha puesto en marcha un mecanismo de deportaciones rápidas que busca expulsar migrantes indocumentados. El procedimiento consiste en localizar a migrantes, trasladarlos a centros de detención y repatriarlos sin necesidad de largos juicios en cortes migratorias.

El plan, sin embargo, enfrenta enormes retos logísticos y financieros. Los cálculos oficiales estiman que las deportaciones rápidas costarían alrededor de 241 millones de dólares diarios, debido al despliegue de agentes, transporte y operación de centros de detención. 

Además, el sistema judicial migratorio ya está saturado con más de 4 millones de casos pendientes, lo que limita la capacidad de procesar nuevas órdenes de deportación. A esto se suma la negativa de 14 países a recibir deportados, lo que complica aún más la ejecución de la política.

Cifras revelan obstáculos 

Entre enero y febrero de 2025, la administración Trump deportó en promedio 421 mexicanos al día, cifra inferior a los 565 diarios registrados durante el último año de Joe Biden. Esto refleja que, pese al discurso de deportaciones masivas, la implementación enfrenta obstáculos que reducen su alcance.

Organizaciones de derechos humanos han criticado la política por considerarla una forma de criminalización de la migración. Señalan que las deportaciones rápidas reducen las garantías legales de los migrantes y aumentan el riesgo de violaciones a los derechos humanos.

Con información de Reuters.