No hay duda de que políticos ordenaron crimen de Marielle Franco, dice fiscalía brasileña
La fiscalía sostiene que no hay duda sobre la autoría de los hermanos Brazão en el crimen que conmocionó a Brasil en 2018.
La fiscalía de Brasil afirmó que “no hay duda” de la culpabilidad de los dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, durante el inicio, el martes, de un juicio que se realiza ocho años después de este crimen que conmocionó al país.
Ícono de la causa negra y LGTB, y ferviente opositora a las milicias que operan en Río de Janeiro, Franco fue acribillada el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de la ciudad, de la que era concejala.
Murió en el acto, al igual que su chofer, Anderson Gomes.
El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de prisión en 2024.
La fiscalía acusa al exdiputado Chiquinho Brazão y a su hermano Domingos, exlegislador de Río de Janeiro, de haber ordenado el homicidio.
Con las pruebas presentadas “no hay duda” de la “autoría delictiva” de los hermanos en los homicidios, dijo ante los jueces de la Corte Suprema, en Brasilia, el vicefiscal Hindenburgo Chateaubriand.
Según la acusación, Franco se oponía en el Concejo Municipal a propuestas impulsadas por los hermanos para legalizar la apropiación de tierras por parte de milicias, grupos criminales que controlan amplias zonas de Río de Janeiro.
Ella misma, procedente de una favela, esta referente de izquierda defendía los derechos de los habitantes de barrios populares, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGTB.
“Marielle se perfiló como un riesgo para los intereses de los hermanos Brazão”, apuntó el vicefiscal.
“Pasar la página de la impunidad”
Cuatro magistrados votarán por la condena o absolución en este juicio que se realiza en la sede del máximo tribunal, con la presencia de legisladores y periodistas.
Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada y ministra de Igualdad Racial del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, asiste al juicio, al igual que otros integrantes de su familia.
Hay que “investigar y castigar”, dijo a periodistas antes de entrar en la sala. Debe dejar de ser “admisible que una concejala sea asesinada”, agregó.
Formadas en Río de Janeiro hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en bandas que practican distintos tipos de extorsión.
Con respaldo político de alto nivel, además se apropiaron de terrenos públicos para construir ilegalmente viviendas o edificios comerciales.
“Personas que se consideraban intocables están hoy en el banquillo de los acusados”, señaló Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional en Brasil.
El país, dijo, “tiene una oportunidad de pasar la página de la impunidad”.
La Corte también juzga a otros tres acusados por su presunta implicación en el asesinato:
- El excomisario Rivaldo Barbosa
- El expolicía Ronald Paulo de Alves
- Robson Calixto Fonseca, exasesor del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro
Barbosa está acusado de haber “trabajado para garantizar la impunidad de los autores intelectuales”.
Acuerdo de colaboración
En octubre de 2024, un jurado popular condenó a 78 años de prisión a Ronnie Lessa, quien confesó haber matado a Franco con una ametralladora.
Disparó contra la concejala y su chofer desde un vehículo conducido por su cómplice Élcio Queiroz, quien fue condenado a 59 años de prisión.
Durante el juicio, Lessa dijo que “se volvió loco” ante la oferta de varios millones de dólares para cometer el crimen.
Los hermanos Brazão niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez del acuerdo de colaboración alcanzado por Lessa con la justicia para confesar.
El juez Alexandre de Moraes será el primero en votar en este juicio, para el que aún está prevista una eventual última sesión el miércoles.
Este magistrado ya estuvo a cargo de otro juicio histórico, en el que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.
Un precedente clave contra la infiltración criminal
El asesinato de Marielle Franco generó una de las investigaciones criminales más extensas en la historia reciente de Brasil. De acuerdo con datos del Fórum Brasileiro de Segurança Pública, en 2018 —año del crimen— el país registró 57 mil 358 homicidios, lo que representó una tasa de 27.5 asesinatos por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo.
En el estado de Río de Janeiro, las milicias ampliaron su control territorial. Estudios del Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense (GENI/UFF) señalan que estos grupos ejercen influencia en más de 50% del territorio de la capital y su zona metropolitana.
La investigación fue federalizada parcialmente en 2024 tras señalamientos de obstrucción y encubrimiento, y derivó en la detención de autoridades policiales y actores políticos presuntamente vinculados. El Supremo Tribunal Federal asumió competencia directa debido al fuero de los acusados.
Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado que Brasil mantiene altos niveles de impunidad en homicidios, especialmente cuando involucran a defensores de derechos humanos. Global Witness ha colocado al país de manera recurrente entre los más peligrosos para activistas en América Latina.
El proceso judicial es considerado un precedente clave para determinar responsabilidades intelectuales en crímenes políticos y para evaluar la posible infiltración de estructuras criminales en instituciones públicas de Río de Janeiro.
«pev»
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