Justicia de EU, bajo Trump, obtuvo registros de congresistas y periodistas sin aviso previo

Un nuevo informe del Inspector General del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, reveló detalles sobre las investigaciones secretas de filtraciones de información clasificada que la administración Trump llevó a cabo. Entre 2017 y 2018, el Departamento recolectó en secreto registros telefónicos y de mensajes de texto de 43 miembros del personal del Congreso y dos legisladores, además de periodistas, en un esfuerzo mucho más amplio de lo que previamente se conocía.

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El informe concluyó que el Departamento de Justicia no actuó con motivos políticos, pero ignoró la separación de poderes constitucional al convertir a empleados y legisladores en sujetos de investigaciones penales. Las indagaciones se enfocaron en individuos con acceso a información clasificada, pero los fiscales no presentaron cargos penales.

Los fiscales obtuvieron registros de comunicación mediante citaciones y procesos legales dirigidos a proveedores como Apple, y acompañaron estas solicitudes con órdenes de silencio para impedir que las empresas notificaran a los clientes.

Aunque la prensa ya había informado sobre estas incautaciones, el informe del Inspector General detalla la magnitud del esfuerzo, que incluyó registros de comunicaciones de figuras clave del Congreso, como el senador Adam Schiff y el representante Eric Swalwell, ambos demócratas de California.

El informe también señala que los fiscales obtuvieron registros de periodistas de importantes medios como The New York Times, The Washington Post y CNN. El Inspector General criticó estas acciones por violar políticas internas del Departamento de Justicia, incluidas las que exigen consultar a un comité especial antes de aprobar estas medidas.

Críticas al Departamento de Justicia

El entonces fiscal general William Barr aprobó personalmente algunas de las citaciones relacionadas con los medios en 2020, pero no consultó al comité establecido para evaluar estas decisiones. Barr, según el informe, se negó a cooperar con la investigación del Inspector General.

"Nos preocupaba que estos fallos ocurrieran solo unos pocos años después de esta revisión", comentó el Inspector General. En respuesta, el Departamento de Justicia implementó nuevas políticas en 2021 que exigen notificar a las organizaciones de noticias cuando se busquen sus registros, excepto en emergencias. Sin embargo, el informe advierte que futuras administraciones podrían derogar estas políticas.

El informe provocó fuertes reacciones en el Congreso. El senador Ron Wyden, demócrata por Oregón, calificó las revelaciones como "más allá de inquietantes".

"Estos abusos demuestran que hay pocas barreras que impidan que un solo fiscal o el Fiscal General espíen al Congreso y amenacen nuestro sistema constitucional de controles y equilibrios", declaró Wyden en un comunicado. También criticó al Departamento de Justicia por engañar a un juez para obtener autorización para estas medidas.

El informe concluyó que las incautaciones de datos de los miembros del Congreso podrían inhibir la capacidad del Congreso para supervisar al poder ejecutivo, destacando las implicaciones para la separación de poderes. Sin cargos penales, pero con consecuencias políticas

A pesar de la magnitud de las investigaciones, los fiscales no lograron presentar cargos penales. El alcance de las medidas también colocó bajo escrutinio a figuras clave de la administración Trump, como Kash Patel, quien trabajó en el Congreso y también fue objeto de estas incautaciones. Patel ha prometido perseguir a periodistas si ocupa un alto cargo en una futura administración.