Pedro Castillo pidió 'ir a la guerra' con Colombia y sus vecinos... y luego, rectificó

En la sesión número 52 de su juicio por rebelión que enfrenta el expresidente peruano Pedro Castillo, por su intento fallido de disolver el Congreso en 2022, combinó la defensa de su caso con un mensaje de tono regional.

En su intervención del lunes (11 de agosto), negó los cargos y elevó el pulso del debate sobre la isla Santa Rosa —epicentro de tensiones entre Perú y Colombia en el Amazonas— mientras exhortaba a mandatarios vecinos a librar una “guerra” no convencional.

“Vamos en la sesión 52 y, hasta el momento, no se me encuentra ningún delito”, dijo. “Soy un presidente secuestrado, que empezó a impulsar el desarrollo de miles de compatriotas y de las fronteras vivas”.

El ángulo de política exterior apareció cuando Castillo arremetió contra dirigentes a los que calificó de “falsos compatriotas, con mapa en mano, a decir ‘esto tenemos que hacer’, sin autoridad moral”, en referencia a la controversia por la soberanía de la isla Santa Rosa, ubicada frente a la ciudad colombiana de Leticia, en el río Amazonas.

La disputa escaló este mes después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmara que su país no reconoce la soberanía peruana sobre Santa Rosa y acusara a Lima de romper el espíritu del tratado limítrofe de 1934; Perú replicó que no existe diferendo limítrofe y defendió que la isla forma parte de su territorio. Ambos gobiernos activaron un canal de diálogo para septiembre.

Fue en ese contexto cuando Castillo lanzó su frase más llamativa: “Invoco, no solamente al presidente Petro, sino también al presidente de Chile, de Bolivia y de Brasil. De una vez vamos a la guerra”. Minutos más tarde acotó el sentido del llamado: “aquella guerra para terminar con la delincuencia, con la corrupción, con el saqueo y todo lo que tenemos que hacer”.

El énfasis desplazó la discusión hacia la seguridad y la gobernanza, en un momento en que la región debate fórmulas de cooperación transfronteriza contra el crimen organizado.

En paralelo, el proceso judicial contra Castillo sigue su curso. El juicio oral comenzó el 4 de marzo y la Fiscalía solicita hasta 34 años de prisión por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Las audiencias se realizan en el penal de Barbadillo, donde el exmandatario guarda prisión preventiva, y abarcan también a exministros de su gobierno. Castillo se ha declarado inocente y sostiene que es víctima de una persecución política.

La controversia por Santa Rosa se superpone al proceso. Petro trasladó a Leticia los actos del 7 de agosto y endureció su discurso sobre el acceso colombiano al Amazonas; a su vez, Lima respondió con comunicados oficiales que reafirmaron la soberanía peruana y encuadraron el tema en los tratados vigentes.

Aunque Bogotá ha descartado una salida militar, el cruce de mensajes elevó la temperatura diplomática y obligó a activar mecanismos binacionales para encauzar el litigio.

Al citar a Chile, Bolivia y Brasil, Castillo buscó abrir la conversación a un frente latinoamericano más amplio, con un objetivo declarado de “guerra” contra redes criminales y prácticas corruptas. El discurso, sin embargo, llega cuando Perú intenta estabilizar su política interna y la relación con Colombia atraviesa su punto más tenso en años.

La conjunción de un juicio emblemático y una disputa fronteriza de alto voltaje explica por qué las palabras de un exmandatario —aun fuera del poder— resuenan en capitales vecinas. Más allá de la retórica, el calendario judicial seguirá marcado por audiencias técnicas y testimonios; en el frente diplomático, la clave será la comisión mixta anunciada para septiembre. 

bm