Archivo General de la Nación denuncia a casas de subasta en México y EU

CIUDAD DE MÉXICO.

El Archivo General de la Nación (AGN) tiene abiertas diez denuncias contra distintas casas de subastas, sobre todo de Nueva York, tanto por la venta ilícita de documentos históricos propiedad del Estado mexicano como por su sustracción o robo, en algunos casos, explicó ayer Marco Palafox.

El director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos del repositorio más grande e importante de Latinoamérica detalló en entrevista con Excélsior que en la mayoría de estos casos la venta ya se llevó a cabo, pero las denuncias siguen su curso.

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Y destacó que, en la más reciente, que involucra a la subastadora Swann Auction Galleries, el remate se realizará el 24 de septiembre, por lo que están trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver la posibilidad de detenerla.

El abogado indicó que uno de los documentos a subastar en Nueva York es un manuscrito mexicano descrito como “Orden de Hernán Cortés negándose a reunirse con el inspector del Rey, cuatro meses después de la caída de Tenochtitlan”. Y que pertenece al fondo del Hospital de Jesús, que reúne los manuscritos más importantes de la Colonia.

La Fiscalía General de la República podría pedirle a la subastadora los datos de las personas que vendieron y compraron las piezas.

Y aclaró que en esta denuncia trabajan muy de cerca con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dependencia que la presentó el pasado 4 de septiembre.

Al respecto, Socorro Villarreal, coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, confirmó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra “quien resulte responsable” por la subasta programada para el 24 de septiembre en la casa Swann Galleries, “en la cual se incluyen documentos históricos que, de acuerdo al dictamen realizado por especialistas de este instituto, son considerados Monumentos Históricos, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.

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Agregó que, “por tratarse de una carpeta de investigación abierta, estamos impedidos para ofrecer mayor información al respecto”.

Palafox añadió por su parte que está consciente de que estas investigaciones no serán rápidas, porque es una materia novedosa. “La problemática del tráfico ilícito y venta del patrimonio documental mundial es algo que todos sabemos que existe, que no hay mucho dinero para perseguirla y pareciera que no se está atendiendo. Pero nosotros nos la hemos tomado muy en serio”.

El licenciado en derecho por la Universidad de Guadalajara admitió que se desconoce el tamaño del saqueo de documentos que se ha realizado en el AGN, debido a que 60% del acervo no está bien descrito y posee incongruencias, por lo que es más difícil encontrar los documentos extraídos.

Otras casas denunciadas son Nate D Sanders y Christie’s.

El caso Morton

Palafox aceptó que se enteraron la tarde del lunes pasado de la subasta de documentos históricos y libros antiguos sobre la Independencia mexicana que Morton Subastas realizó antier. “Es muy complicado tener a personas revisando las páginas web de las subastadoras. En cuanto nos enteramos, detuvimos todo y nos abocamos al tema”.

Dijo que, tras revisar el catálogo del remate, consideraron que el esquema más viable era presentar la denuncia penal ante la FGR, lo cual hicieron el martes de la venta hacia las 12:00 horas. “Y solicitarle al Ministerio Público que asegurara los bienes o que detuviera la posible concreción de este hecho ilícito”.

Pero, como la subasta se llevó a cabo y sólo se retiró uno de los 75 lotes denunciados, Palafox especificó que se tuvo que actualizar el delito, pues ya no era posible comercialización. “Ahora, durante la investigación, la Fiscalía podría pedirle a la subastadora los datos de las personas que vendieron y compraron, incluso tomarles declaración”.

Aclaró que, por estrategia jurídica, rechazaron ofrecer detalles de los lotes denunciados, “porque si se da este aviso, es más fácil que los compradores los desaparezcan y ya no los podamos localizar; esa información es reservada”.

Sólo señaló que los documentos son de distinta naturaleza. “Lo que valoramos es si es un original o un facsimilar, si es manuscrito, si la persona que lo firmó es relevante o no, si el contenido tiene que ver con un hecho coyuntural de la historia o no, son aspectos más genéricos”.

60 por ciento del acervo del Archivo General de la Nación no está bien descrito, eso dificulta la localización de documentos extraídos

El funcionario indicó que el tipo penal es que se sancionará de tres a diez años de prisión y una multa económica a aquella persona que venda patrimonio documental o que intervenga en su tratado de dominio. “Aplica para las subastadoras. Denunciamos a la casa Morton, pero también es contra el que vendió y contra el que compró”.

Añadió que el hecho de que Morton no haya notificado de la subasta al AGN es causa de delito. “La obligación es del particular. Ellos deben avisar y, al ver el documento, se detecta si es archivo privado de interés público o Patrimonio Documental. La ley es clara, la obligación está a cargo de quien quiere vender.

En caso de que la pieza sea Patrimonio Documental de la Nación es, como propiedad del Estado, inalienable, intransferible, imprescriptible y no está sujeta a ninguna enajenación. Los particulares lo pueden custodiar y cuidar, pero no lucrar con él”, señaló.

Concluyó que, desafortunadamente, “nuestras facultades administrativas para intervenir con los particulares están muy mermadas”.

Y se comprometió a dar seguimiento puntual a la denuncia, de la que aún no tienen el número de carpeta de investigación.

Excélsior solicitó a Morton Subastas su versión, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

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cva