Litigio indígena logra amparo para proteger El Castillo de Moctezuma

La justicia federal ordenó a las autoridades emprender acciones para emitir una declaratoria de protección de la zona arqueológica de Tuxtepec, tras un recurso promovido por la activista chinanteca Reyna Felipe Jiménez ante la falta de mecanismos oficiales de conservación.

Gracias a un litigio, se logró un amparo para preservar la zona arqueológica de El Castillo de Moctezuma en Oaxaca.
Gracias a un litigio, se logró un amparo para preservar la zona arqueológica de El Castillo de Moctezuma en Oaxaca.Foto: Especial

OAXACA, Oax.-El Castillo de Moctezuma, uno de los principales vestigios arqueológicos de la ciudad de Tuxtepec y de la Cuenca del Papaloapan, en la zona norte del estado, ha carecido durante años de una declaratoria específica que establezca mecanismos integrales de protección, conservación y manejo, a pesar de su relevancia histórica y cultural.

A partir de lo anterior, la activista indígena chinanteca Reyna Felipe Jiménez obtuvo un amparo federal para que las autoridades competentes realicen las acciones necesarias encaminadas a la emisión de la declaratoria de protección de la zona arqueológica El Castillo de Moctezuma.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, dentro de un juicio promovido por la indígena chinanteca ante la falta de una protección jurídica específica para uno de los sitios arqueológicos más importantes de la región.

El recurso legal fue diseñado, promovido y acompañado por Litigio Estratégico Indígena (LEI), con la participación y respaldo del Colegio de Abogados de Tuxtepec y de Abogados por la Paz y la Justicia. 

Las tres organizaciones impulsaron la estrategia jurídica para exigir la protección formal de la zona arqueológica y garantizar así la preservación de un sitio de alto valor histórico y cultural para la Cuenca del Papaloapan.

Reyna Felipe Jiménez recurrió a la justicia federal al considerar que la omisión de las autoridades vulneraba el derecho de las comunidades indígenas a preservar y disfrutar de su patrimonio cultural. 

La resolución judicial se presenta en un momento donde las comunidades indígenas de distintas regiones del país han recurrido a los tribunales para exigir la protección de sitios arqueológicos, lugares sagrados y bienes culturales vinculados a su historia colectiva.

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