En 15 días se realizarán las primeras elecciones después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reclamó a los 10 extraditables de Sinaloa y le dobló la apuesta en nombre de la soberanía.
Han sido cuatro semanas de precampaña hacia 2027 entre el partido-gobierno y la oposición, en un reparto de culpas en el que la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena abrieron fuego contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
La estrategia 4T ha sido equiparar la acusación judicial de EU de que en Sinaloa ha habido red de protección política a los cárteles, con la de “traición a la patria” de la mandataria estatal, por la presencia de agentes de la CIA en la eliminación de narcolaboratorios en Chihuahua.
Al empalmar ambos acontecimientos, el oficialismo ha estirado la cuerda de los significados, pretendiendo que la negativa a colaborar con los estadunidenses sea sinónimo de soberanía y actuar contra los cárteles un equivalente a permitir la intervención externa.
Todavía es incierta la digestión que los ciudadanos harán de esta guerra de conceptos y acciones satanizadas que deberían ser parte de la prometida coordinación del Gabinete de Seguridad entre la Federación y los estados, y de éstos con el vecino país.
Una primera medición la tendremos en Coahuila, laboratorio electoral de los partidos en sus rutas hacia los comicios del próximo año, pero también de un modelo exitoso contra la violencia criminal, vigente desde hace una docena de años.
Y es que desde la administración priista de Rubén Moreira se instauró un esquema de seguridad reconocido por plataformas académicas y de la sociedad civil, gracias a una continuidad con mejoramiento permanente.
Al gobernador Miguel Riquelme, del PRI, le ha seguido uno de los escasos cuadros destacados de ese partido en cargos importantes, Manolo Jiménez, quien se prevé que será el gran ganador de las elecciones legislativas del 7 de junio.
Y aunque sólo se renovará el Congreso, y se anticipa la confirmación de la hegemonía priista, la medición de fuerzas en los 16 distritos en disputa permitirá calibrar, de entrada, si la marca Morena continúa recubierta del efecto teflón.
La experiencia coahuilense será una oportunidad para conocer qué tanto logra remontar, políticamente hablando, Andrés Manuel López Beltrán, tras del descontón en Chihuahua, cuando encabezó el mitin contra la gobernadora, pero también conoció de la capacidad opositora para confrontar a los morenistas.
Secretario de Organización Electoral de la dirigencia del partido en el poder, el hijo del expresidente AMLO había prometido ir a la cabeza de los legisladores federales, convertidos en brigadistas, a esa norteña entidad. Pero ese anuncio de López Beltrán se dio antes del expediente de los 10 no extraditables y de los gritos de “¡fuera!” de los chihuahuenses.
La cosa es que el vástago del líder moral de la 4T está retado a sacarse la espinita de 2025, cuando los priistas de Durango, bajo el mando del gobernador Esteban Villegas, lo mandaron al tercer lugar, después de Movimiento Ciudadano (MC), partido que en Coahuila tampoco quiere pelearse con la marca del mandatario estatal, lanzando sus golpes hacia otros logos.
Llama la atención que ahora el PVEM decidió ir solo. Así que Morena va en la boleta con el PT, con presencia en Piedras Negras y Monclova, respectivamente, y con apoyo del SNTE en Torreón.
La oferta de la dirigencia de Jorge Romero en el PAN, de abrir candidaturas con perfiles más ciudadanos que partidistas, tendrá aquí su primer ensayo, luego de la lastimada relación de los panistas con el PRI del gobernador Jiménez en 2024.
Son candidatos que se alejan de la política tradicional, con experiencia en el servicio social, la iniciativa privada, la atención ciudadana, espacios de salud y docencia, abogacía, medios de comunicación y audiencias digitales. ¿Será así en 2027? Está por verse.
Declarando la necesidad de volver a las campañas de casa por casa, el líder de los azules tiene, más allá del resultado en las urnas, una coyuntura favorable en su reclamo al gobierno y su partido de que rompan el pacto con la narcopolítica.
Porque ese reclamo opositor cala en Palacio, al grado que después del susto de los 10 extraditables, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reactivó su inconsistente y aletargada operación Enjambre en Morelos para enviar el mensaje de que la narcopolítica es pluripartidista, con alcaldes de todo signo político al servicio de la maña.
Y es que el proselitismo gubernamental y de los partidos está obligado al deslinde de los Rubén Rocha y los Enrique Inzunza, un escenario que ahora mismo tiene confinados a los brigadistas de Morena en hoteles de Coahuila.
Porque los visitantes comandados por Andy López Beltrán enfrentan la pesadilla de que al salir de sus habitaciones se toparan con la reiterada e inevitable pregunta de los reporteros: ¿Por qué Morena protege a los narcopolíticos?